La controversia se desató tras revelaciones del periodista Jacobo Solano y testimonios ciudadanos recogidos por medios radiales, que apuntan a la utilización de carrotanques con propaganda política de ambos congresistas para distribuir agua en barrios afectados por el desabastecimiento. Según las denuncias, los vehículos abastecerían únicamente a quienes se registren previamente en planillas gestionadas por equipos de campaña, donde se consignan datos personales de los beneficiarios antes de cada entrega.
El contexto de la situación es una emergencia local por disminución en la disponibilidad del recurso hídrico. A mediados de enero, la empresa de servicios públicos del municipio declaró una “alerta amarilla” tras advertir sobre baja presión en el suministro y retrasos en la sectorización del servicio, lo que ha dejado a varios sectores con interrupciones prolongadas. La entidad explicó que la escasez podría provocar que el agua tardara más en llegar a algunos hogares, agravando las condiciones de acceso en zonas vulnerables.
En este escenario, imágenes difundidas en redes sociales muestran carrotanques abasteciéndose desde hidrantes públicos para luego recorrer distintos barrios. De acuerdo con testimonios ciudadanos, la distribución no sería uniforme. El abogado Francisco Peláez afirmó en entrevista radial que personal vinculado a campañas políticas visitaría las viviendas con listas en mano, entregando el recurso de forma selectiva. Según su relato, esta práctica estaría favoreciendo a quienes manifiestan afinidad con determinados sectores políticos.
A las acusaciones se sumó el señalamiento sobre la supuesta participación logística de un operador identificado como Víctor Roqueme, alias “El Indio”, quien, según las denuncias, coordinaría la entrega del agua en la zona. Las versiones también sostienen que los carrotanques exhiben de forma visible publicidad de los dos congresistas, así como símbolos de sus partidos, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el uso político de la emergencia.
Las críticas no han provenido únicamente de ciudadanos. Aspirantes al Congreso por otras colectividades han cuestionado el hecho. Adolfo Rivas, candidato al Senado por la Alianza Verde, calificó la situación como una instrumentalización de la necesidad básica de la población, al considerar que el acceso al agua no debería convertirse en herramienta de presión electoral. A su juicio, la distribución condicionada constituiría una práctica que afecta la dignidad de los habitantes en medio de la crisis.
Hasta el momento, ni Didier Lobo ni Ape Cuello han emitido pronunciamientos públicos sobre los señalamientos. Tampoco existe confirmación oficial de investigaciones abiertas por parte de la Registraduría, la Procuraduría o autoridades electorales en relación con el caso. No obstante, el tema ha generado amplia reacción en redes sociales y medios regionales, donde la indignación ciudadana ha ido en aumento.
Organizaciones de observación electoral han advertido en términos generales sobre riesgos en distintas zonas del país ante la cercanía de las votaciones, subrayando la vulnerabilidad de algunos municipios frente a posibles irregularidades. Aunque dichas advertencias no han mencionado específicamente a Aguachica, el episodio se inscribe en un contexto nacional marcado por tensiones entre campañas políticas y problemáticas sociales.
La controversia evidencia la intersección entre necesidades humanitarias y disputas electorales en territorios con limitaciones en servicios básicos. En medio de la escasez, el acceso al agua se convierte en un asunto sensible que trasciende la gestión local y plantea interrogantes sobre el uso de recursos y la ética de las prácticas políticas en periodos de campaña.
Mientras continúan las denuncias y circulan testimonios e imágenes, la situación deja abierto el debate sobre la responsabilidad institucional frente a posibles irregularidades y la protección del derecho de la ciudadanía a acceder a servicios esenciales sin condicionamientos en un momento clave del calendario electoral.
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