“Les pido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que mantendrán el aumento del salario del 23,7 % y me comprometo a bajar los impuestos para que paguen los salarios con esos recursos”, afirmó Valencia. La propuesta busca, según explicó, equilibrar el impacto en las empresas con medidas tributarias que faciliten el cumplimiento del incremento salarial.
La senadora también exhortó al Gobierno nacional a actuar con rapidez para ajustar el decreto conforme a lo solicitado por el alto tribunal. “Le exigimos al Gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo porque no podemos permitir que la ilusión de millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula”, señaló.
El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en el mismo sentido y respaldó la idea de mantener el incremento, al tiempo que reiteró críticas a la política económica del Ejecutivo. “En el Centro Democrático no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Nos oponemos a que este país paró la inversión. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores y empleadores y buen salario mínimo”, expresó.
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en sectores de izquierda, que recordaron que en diciembre pasado, cuando se anunció el ajuste salarial, tanto Valencia como Uribe cuestionaron sus efectos potenciales. En ese momento, ambos advirtieron sobre posibles impactos negativos en la generación de empleo, la inversión y la formalidad laboral.
Uribe había señalado entonces que, aunque el incremento podía favorecer el ingreso de los trabajadores formales, la combinación con cargas impositivas y el contexto fiscal podría traducirse en consecuencias adversas para el mercado laboral. A su juicio, los trabajadores informales serían los más afectados ante eventuales ajustes empresariales.
Las críticas más recientes provinieron del Congreso. La representante María Fernanda Carrascal cuestionó la posición del Centro Democrático y calificó el respaldo actual como contradictorio. Según indicó, figuras de ese sector no resultan creíbles al manifestar apoyo a una medida que antes objetaron, señalando particularmente el historial de litigios contra iniciativas del Gobierno.
Valencia, por su parte, ha mantenido una línea activa de oposición jurídica frente a reformas oficiales. Entre ellas se destaca la demanda presentada contra la reforma pensional, actualmente en revisión en la Corte Constitucional, lo que refuerza su perfil como una de las voces críticas más visibles del Ejecutivo en el ámbito institucional.
A la controversia se sumaron pronunciamientos de la senadora María José Pizarro, quien llamó a la movilización ciudadana y cuestionó duramente al partido opositor. “No vamos a permitir que arrebaten el derecho de millones a vivir con dignidad y convocamos a toda Colombia a salir a las calles y castiguen con su voto”, manifestó.
El episodio refleja el clima de polarización que rodea la discusión sobre el salario mínimo, convertido en un punto de confrontación política en medio del calendario electoral y de la incertidumbre jurídica que aún rodea su aplicación.
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