De acuerdo con reportes del operador del mercado eléctrico XM, nueve de los 24 embalses que aportan a la generación hidroeléctrica ya superan el 90 % de su capacidad, mientras que tres se encuentran prácticamente llenos. Entre ellos figuran proyectos estratégicos ubicados en Antioquia y el Valle del Cauca, regiones que han recibido volúmenes de lluvia muy por encima de sus promedios históricos.
Las cifras fueron documentadas inicialmente por el diario La República, que evidenció cómo algunos reservorios pasaron en pocos meses de niveles preocupantemente bajos a registros cercanos a máximos históricos. La rápida recuperación de los niveles de agua responde a un periodo de precipitaciones intensas y continuas que ha elevado los aportes hídricos más allá de lo esperado para esta época del año.
Uno de los casos más representativos se registra en Córdoba, en el embalse de Urrá. Tras cerrar abril de 2024 con poco más del 30 % de llenado, la represa experimentó un aumento acelerado que la llevó a superar el 100 % de su capacidad a comienzos de febrero de este año. En jornadas puntuales incluso se alcanzaron picos cercanos al 109 %, una cifra inédita para el proyecto.
La administración de Urrá explicó que el comportamiento del río ha sido excepcional para un mes de febrero. Según la empresa, los aportes diarios de agua superaron con creces los máximos históricos, obligando a incrementar las descargas hacia el río Sinú como medida preventiva. El propósito, sostienen, fue proteger la integridad de la infraestructura y reducir posibles riesgos para las comunidades aguas abajo.
Sin embargo, el aumento de los vertimientos generó cuestionamientos desde el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro criticó con dureza estas decisiones y señaló que permitir embalses al límite para luego liberar grandes volúmenes de agua tiene consecuencias sociales y ambientales. Desde su perspectiva, las comunidades campesinas y ribereñas terminan asumiendo los impactos de una gestión orientada por intereses económicos del sector energético.
Las empresas generadoras rechazan esa interpretación. Argumentan que cuando un embalse se aproxima a su capacidad máxima, la descarga no es opcional sino una exigencia técnica. Mantener niveles superiores a los rangos de seguridad pondría en riesgo la estructura y podría derivar en emergencias más graves. Además, destacan que liberar agua implica renunciar a generar energía, lo que representa pérdidas económicas directas para los operadores.
Aunque el Caribe encabeza los niveles de almacenamiento, el mapa hidrológico nacional presenta contrastes. En las regiones Centro y Oriente, los embalses se mantienen por debajo del 75 % de llenado y concentran los reservorios con menores volúmenes del sistema. Expertos del sector energético recuerdan que cada infraestructura responde a condiciones geográficas y climáticas particulares, por lo que los comportamientos no son uniformes.
Pese a esas diferencias regionales, la preocupación es generalizada. Pronósticos del Ideam indican que las lluvias extraordinarias podrían prolongarse durante buena parte del primer trimestre del año, aumentando la presión sobre represas que ya operan cerca de su límite técnico. En ese contexto, los vertimientos preventivos podrían intensificarse como respuesta obligada a un fenómeno climático que mantiene a los embalses del país, literalmente, rebosados.
Más allá de la coyuntura inmediata, la situación pone en evidencia la complejidad de equilibrar seguridad, generación energética y gestión ambiental en un escenario climático cada vez más variable. El comportamiento extremo de los reservorios no solo refleja la fuerza de las precipitaciones recientes, sino que plantea preguntas de fondo sobre la planificación hídrica y la resiliencia del sistema frente a eventos cada vez menos previsibles.
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