Ante imputación penal, junta de Ecopetrol evalúa apartar a Ricardo Roa de la presidencia


La imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y un caso de supuesto tráfico de influencias, ha encendido un debate al interior de la Junta Directiva de la petrolera estatal sobre su permanencia en el cargo. Algunos integrantes del órgano estarían evaluando solicitar su apartamiento mientras avanza el proceso judicial, en una decisión que podría poner a prueba la autonomía y gobernabilidad corporativa de la compañía.

De manera oficial se conoció que al menos tres de los nueve miembros de la junta presentarían y respaldarían la propuesta. Entre ellos figuran Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao y, posiblemente, César Loza, quienes argumentarían que la situación judicial podría afectar la reputación, la confianza del mercado y el interés social de la empresa. Sin embargo, las actuales correlaciones de voto indican que la iniciativa no contaría con los apoyos suficientes para prosperar, al menos en el corto plazo.

Los estatutos internos de Ecopetrol otorgan a la junta facultades claras en esta materia. El artículo 23 establece que el órgano tiene la potestad de designar, evaluar y remover al presidente de la compañía, así como de definir su política de sucesión y compensación. Además, el capítulo VII señala que cualquier colisión de competencias entre la junta y la presidencia se resolverá en favor del órgano directivo. Bajo estas normas, la junta podría optar por conceder una licencia temporal o removerlo del cargo si concluye que el proceso judicial compromete la estabilidad corporativa.

El debate surge en medio de un complejo panorama judicial para Roa. La Fiscalía General de la Nación radicó solicitudes de imputación relacionadas con dos frentes investigativos. El primero corresponde a la presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente. El Consejo Nacional Electoral encontró responsabilidad en la organización política y remitió copias a la Fiscalía para investigar a los responsables, lo que llevó a que el actual presidente de Ecopetrol se convirtiera en el primer alto funcionario del Gobierno llamado a responder por ese escándalo ante la justicia.

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia remitió un expediente en el que también aparece vinculado junto al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según la documentación judicial, ambos habrían avalado reportes contables en los que se registraron como gastos de transporte aéreo de candidatos al Congreso traslados que correspondían al entonces precandidato presidencial. De haberse incluido ese monto —superior a 1.200 millones de pesos— en el cálculo de la consulta interpartidista, se habría superado el límite legal de financiación.

El segundo frente judicial está relacionado con la compra de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá. En este caso, la Fiscalía imputará cargos por presunto tráfico de influencias, tras considerar que la propiedad habría sido adquirida por debajo de su valor de mercado y que, posteriormente, el vendedor —el policía retirado Juan Guillermo Mancera— habría recibido contratos con Ecopetrol. Este cargo será el primero en formalizarse en audiencia judicial, según información conocida públicamente.

Desde el ente acusador se ha señalado que las dos imputaciones se tramitan de forma independiente y responden a investigaciones distintas. La defensa de Roa no ha aceptado responsabilidad en los hechos y el proceso apenas se encuentra en fase inicial, por lo que se mantiene la presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La discusión dentro de la junta directiva se produce en un contexto de alta sensibilidad para la petrolera, considerada la principal empresa del país y actor clave en los mercados financieros. Analistas advierten que cualquier decisión respecto a la presidencia podría tener repercusiones en la percepción de inversionistas y en la estabilidad institucional de la compañía.

Por ahora, no hay una determinación formal sobre la continuidad de Roa. No obstante, la eventual solicitud para apartarlo del cargo evidencia la presión que genera el proceso judicial y anticipa un debate complejo sobre equilibrio entre gobernanza corporativa, estabilidad institucional y respeto por el debido proceso. Mientras la justicia avanza, la decisión final quedará en manos de la junta, que deberá evaluar si la coyuntura jurídica afecta o no el liderazgo de la empresa en uno de los momentos más delicados de su entorno político y empresarial.


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