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| Foto: elmeridiano.co |
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló desde Montería que la gravedad de la situación supera incluso los escenarios más pesimistas contemplados previamente. “La inundación es mucho más grave de lo que se había podido prever”, afirmó, al explicar que el fenómeno coincidió con un periodo del año que normalmente es seco en la región. En lugar de incendios forestales, que suelen marcar la agenda en estas fechas, la zona enfrentó lluvias continuas y extraordinarias asociadas al paso de un frente frío.
Entre el 1 y el 2 de febrero se registraron precipitaciones ininterrumpidas que, según datos preliminares, superaron en un 1.600% los niveles habituales. En apenas cinco días cayó el equivalente a todo el volumen de lluvia esperado para un mes completo, saturando suelos, ríos y embalses. La situación se agravó el fin de semana con el desbordamiento del embalse de Urrá, aguas arriba del departamento, lo que incrementó los niveles de inundación en amplias zonas rurales.
El balance humano también refleja la gravedad de la crisis. Hasta el momento se han reportado siete fallecidos, una cifra que, según las autoridades, pudo ser mayor de no haberse ordenado evacuaciones preventivas por parte de alcaldes y organismos de socorro. Sin embargo, el impacto económico y social es devastador. Se estima que unas 157.000 hectáreas resultaron afectadas, con daños en ganadería y cultivos clave como plátano, yuca y sandía, así como en monocultivos de palma.
En materia de infraestructura, el panorama es igualmente preocupante. Al menos 1.700 viviendas han sido destruidas y unas 4.000 más quedaron inhabitables, cifras que podrían aumentar una vez bajen las aguas y se completen las evaluaciones en terreno. Carrillo subrayó que el daño trasciende las casas colapsadas: muchas familias permanecen en pie en sus viviendas, pero han perdido sus cultivos, animales o medios de subsistencia. “Hay gente que sigue viviendo allí, pero lo ha perdido todo”, explicó.
Aunque Córdoba concentra el mayor impacto, la emergencia no se limita a ese territorio. Se han reportado afectaciones en Sucre, el sur de Bolívar y otras regiones del país, incluidos Nariño, Santander y Cauca. Sin embargo, la magnitud del desastre en el Caribe ha obligado al presidente Gustavo Petro a trasladar su agenda a Montería, donde encabezó un consejo de ministros enfocado en la atención de la crisis. El Gobierno solicitó además a la Corte Constitucional levantar la suspensión de una emergencia económica decretada meses atrás, con el fin de liberar recursos adicionales.
Según la UNGRD, la respuesta inmediata cuenta con financiación a través de mecanismos ordinarios del Estado, como traslados presupuestales derivados de la declaratoria de emergencia por variabilidad climática. No obstante, la preocupación principal está en el mediano y largo plazo. Las lluvias podrían continuar durante marzo y abril, coincidiendo con la temporada regular de precipitaciones, lo que aumentaría la presión sobre las zonas ya inundadas y complicaría las labores de recuperación.
En el frente humanitario, cerca de 40 alojamientos temporales han sido habilitados en municipios como Tierralta, donde se exige el cumplimiento de estándares internacionales para evitar problemas de convivencia o violencia derivados de la concentración de población desplazada. Las autoridades destacan el papel de los gobiernos locales en la evacuación y atención inicial, pese a sus limitados recursos.
El debate político también se ha intensificado. Mientras el gobernador de Córdoba reclama mayor inversión en obras de prevención, el director de la UNGRD cuestiona la efectividad de soluciones como diques y muros de contención, señalando sus altos costos, impactos colaterales y riesgos de corrupción. Paralelamente, el presidente Petro ha señalado a las empresas responsables del manejo de embalses, especialmente Urrá, por mantener altos niveles de agua antes de las descargas.
Carrillo adoptó una postura más prudente al respecto. Reconoció que el embalse estaba lleno por decisiones operativas que deberán ser evaluadas, pero evitó atribuir responsabilidades legales. Explicó además que, a diferencia de otras represas con capacidad de regulación, Urrá funciona bajo un sistema de “borde libre”, lo que implica que al alcanzar cierta cota el agua simplemente rebosa, limitando el control sobre los vertimientos.
Más allá de las responsabilidades inmediatas, el funcionario insistió en que la emergencia refleja un problema estructural agravado por la crisis climática y décadas de intervención humana en los sistemas hídricos. Grandes obras como represas, junto con jarillones y diques construidos localmente, han alterado la dinámica natural de los ríos, aumentando la vulnerabilidad ante eventos extremos.
Con las aguas aún altas y la atención nacional concentrada en la emergencia, las autoridades coinciden en que el desafío más complejo vendrá después: la reconstrucción, la recuperación agrícola y la reactivación económica de miles de familias que lo han perdido casi todo. En ese escenario, el diseño de un plan integral y sostenido en el tiempo será determinante para evitar que la crisis deje cicatrices permanentes en una de las regiones más vulnerables del país.
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