Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO*
A la fecha, no se advierte en el Distrito la implementación de acciones de anticipación, operativas y de control que abarquen de manera articulada las fases previa, concurrente y posterior de las festividades. En este contexto, es indispensable que la contención de la criminalidad sea concebida, organizada y liderada por las autoridades competentes, bajo criterios técnicos.
Como prueba fehaciente de lo anterior, se encuentra lo ocurrido en la noche del viernes 6 de febrero, en el marco del evento de la Guacherna, donde se evidenció la comisión masiva de delitos de hurto simple y calificado con agravación punitiva, lesiones personales e homicidios. A ello se suma la proliferación de cámaras espía en habitaciones de hoteles y hostales, fenómeno que constituye una amenaza directa a la intimidad y agrava el panorama de vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, este contexto permite prever un escenario de inseguridad durante los cuatro días centrales de la celebración.
La protección de la población, especialmente en escenarios de alta concentración humana tales como el Carnaval, debe asumirse en calidad de política pública permanente, coordinada entre las distintas entidades y sustentada en los principios de cooperación y complementariedad, y no únicamente en carácter de reacción coyuntural. Solo a través de una planificación estructurada de manera global, basada en la evaluación de amenazas, el uso de inteligencia, el trabajo interinstitucional y la participación social, será posible mitigar los factores criminógenos que tienden a intensificarse durante estas jornadas.
De igual manera, se hace necesario adelantar estudios criminológicos sobre los sectores territoriales que registran mayores niveles de ocurrencia delictiva, aplicando metodologías de focalización del riesgo, georreferenciación y análisis de antecedentes judiciales, con el fin de implementar intervenciones de disuasión situacional y supervisión.
Desde el principio de corresponsabilidad colectiva, es pertinente fortalecer los esquemas comunitarios orientados al suministro de información para la prevención. Estas estrategias pueden estructurarse mediante incentivos, reconociendo que el aporte de la comunidad constituye un insumo fundamental para la anticipación y neutralización de manifestaciones delictivas.
En relación con la infraestructura crítica del transporte público masivo y colectivo, es imperativa la adopción de acciones frente a la posible comisión de actuaciones penales que afectan tanto a conductores como a usuarios. En particular, respecto al sistema transmetro, es prioritario que, durante los días de celebración festiva, se amplíe su horario de operación, iniciando a las 4:00 a. m. y finalizando a las 12:00 a. m., a fin de que contribuya en calidad de elemento inhibidor de la criminalidad, apoyado en sistemas de videovigilancia instalados en la totalidad del perímetro exterior de los autobuses.
No debe perderse de vista que la fiscalía general de la Nación, la Rama Judicial y los veedores desempeñan un rol decisivo en la efectividad del sistema penal, al constituirse en pilares fundamentales en la lucha contra la impunidad.
*Abogado, criminólogo y escritor.
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