La queja fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y señala que el jurista habría incurrido en faltas graves a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza. El caso quedó en manos del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón, encargado de evaluar la procedencia de la acción disciplinaria.
Según el documento presentado por Murcia Guzmán, De la Espriella habría recibido 5.000 millones de pesos en efectivo como pago de honorarios por su defensa y posteriormente renunció al caso sin devolver el dinero. El denunciante sostiene además que el abogado vulneró la confidencialidad profesional al emitir declaraciones públicas en su contra y actuó con negligencia durante el proceso judicial, al no reportar presuntas irregularidades en la captura, como inconsistencias en el lugar y la fecha de la detención.
El escrito también menciona un supuesto conflicto de interés debido a la cercanía del jurista con el entonces presidente Álvaro Uribe, circunstancia que —según la denuncia— habría podido afectar el ejercicio independiente de la defensa.
La validez de la denuncia ha sido objeto de debate por el tiempo transcurrido desde la renuncia del abogado al caso, hace cerca de 18 años. Sin embargo, Sondra Macollins, abogada de Murcia Guzmán, señaló en diálogo con Infobae Colombia que más allá de la eventual prescripción, lo esencial es esclarecer si las conductas denunciadas ocurrieron.
“Básicamente, la denuncia contra Abelardo de la Espriella es por su falta de ética, por la falta de honradez y dignidad de la profesión, por el abandono injustificado de la representación, por faltar a sus deberes de devolución de honorarios y rendición de cuentas con su cliente. Aunque la discusión es si está prescrita o no la acción, aquí la cuestión es si lo hizo o no”, afirmó la jurista.
Macollins también explicó que la denuncia no se había presentado antes por temor del fundador de DMG. Según indicó, Murcia temía las posibles repercusiones debido al poder económico y la influencia que atribuye al abogado, preocupación que —afirmó— se intensificó ante la aspiración presidencial del jurista. Además, señaló que existen motivaciones personales relacionadas con la conversión religiosa de su cliente y su inconformidad con el discurso público del candidato.
Tras las declaraciones públicas de De la Espriella en medios de comunicación sobre la denuncia en su contra, la abogada evitó polemizar en ese escenario y sostuvo que el asunto debe resolverse ante las autoridades competentes. “Que opinen las autoridades, porque esto ya no es un chisme, es una realidad. Hay una denuncia que tendrá que enfrentar”, indicó.
Incluso planteó que las acusaciones podrían derivar en investigaciones adicionales si se llegara a establecer la existencia de irregularidades relacionadas con el manejo de recursos provenientes del proceso DMG, algunos de los cuales han estado vinculados a condenas por lavado de activos. No obstante, aclaró que serán las autoridades las encargadas de determinar si procede una indagación en ese sentido.
Macollins también adelantó aspectos de la entrevista que Murcia concedió a Daniel Coronell y que se publicará el 12 de febrero de 2026. Según dijo, el exempresario relató detalles sobre su relación con el abogado, incluyendo cobros por estudios contables y auditorías que, posteriormente, habrían sido mencionadas como razón para abandonar el caso. Asimismo, sostuvo que se abordaron pérdidas económicas relacionadas con el manejo de efectivo de la empresa DMG, que habría creado otra compañía —Transval— para transportar dinero tras el cierre del acceso al sistema bancario.
La denuncia disciplinaria abre así un nuevo capítulo en un episodio que conecta el pasado judicial de uno de los casos más recordados del país con el presente político. Mientras las autoridades evalúan el alcance jurídico de la queja y su eventual prescripción, el caso vuelve a situar en el debate público temas como la ética profesional, la transparencia y el peso de las acusaciones en medio de un escenario electoral en desarrollo.
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