Durante las negociaciones del salario mínimo en diciembre de 2025, el gremio empresarial había advertido que un incremento por encima de la inflación y la productividad podría afectar la generación de empleo formal. Sin embargo, Mac Master considera que revertir el ajuste en este momento generaría impactos significativos para los trabajadores que ya incorporaron el aumento en sus presupuestos familiares.
“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.
El dirigente señaló que el aumento ha producido efectos económicos visibles, particularmente en la estructura de costos empresariales. Según explicó, la decisión ejerce presión que se traduce en dos consecuencias principales: incrementos inflacionarios y dificultades operativas para pequeñas y medianas empresas. Indicó además que la inflación en enero de 2026 alcanzó el 5,35%, contexto en el cual varias pymes han enfrentado retos financieros adicionales.
Mac Master insistió en que la Andi no participó en las demandas contra el decreto que fijó el aumento salarial y subrayó que la suspensión ordenada por el Consejo de Estado se originó en dudas jurídicas relacionadas con el cumplimiento de los criterios legales de inflación y productividad, no en acciones del gremio.
En relación con la convocatoria del Gobierno nacional a la Comisión de Concertación, programada para este lunes 16 de febrero, el presidente de la Andi afirmó que no existe actualmente un proceso formal de concertación abierto, por lo que evitó anticipar posibles resultados. El encuentro busca analizar la expedición de un decreto transitorio que cumpla los requisitos legales establecidos por el alto tribunal.
El debate gira en torno a si el Ejecutivo mantendrá el incremento original del 23,7% o si optará por un ajuste más cercano al rango del 6% al 7%, cifra sugerida previamente por algunos gremios con base en indicadores económicos. En entrevista con Blu Radio, Mac Master calificó como “inédita” la decisión judicial y reiteró su llamado a preservar el aumento actual, argumentando que modificarlo podría afectar a millones de familias.
“Hay una situación que ha beneficiado a más de dos millones de familias y se estima que sería muy delicado cambiar ese aumento”, expresó. También advirtió que las discusiones sobre salario mínimo tienden a politizarse, lo que puede generar incertidumbre en trabajadores y empleadores.
Para el dirigente, el sector empresarial ha cumplido con el incremento y espera que escenarios similares no vuelvan a repetirse. Sostuvo además que el Gobierno no evaluó suficientemente el impacto inflacionario que podría trasladarse a los hogares colombianos.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha defendido su postura frente al tema. El presidente Gustavo Petro anunció que la revisión del decreto requerirá más tiempo que los ocho días fijados por el Consejo de Estado, debido a la necesidad de aclarar aspectos jurídicos del fallo. Indicó que se expedirá un decreto transitorio una vez se precise el alcance legal de la decisión, en particular respecto a la ausencia de la expresión “de carácter prevalente”.
El mandatario convocó a empresarios y trabajadores a participar en la Comisión de Concertación y propuso alcanzar un “pacto por la vida” que beneficie al sector laboral. En una alocución, también solicitó a los ministros de Hacienda y Trabajo presentar un nuevo enfoque sobre el concepto de “salario vital”, que será debatido en la mesa prevista.
Petro descartó que el aumento salarial sea la causa principal de la inflación y aseguró que la protección del ingreso de los trabajadores seguirá siendo prioridad. Explicó que el salario vital, definido en el decreto presidencial de diciembre, busca garantizar un ingreso mínimo que cubra necesidades básicas familiares y pueda ajustarse según la evolución económica, preservando el acceso a la canasta básica.
El resultado de las discusiones en los próximos días será clave para definir el rumbo del salario mínimo en Colombia, en medio de tensiones jurídicas, económicas y políticas que mantienen el tema en el centro del debate nacional.
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