La medida cautelar abrió un nuevo capítulo en el debate económico y jurídico sobre el ajuste salarial más alto de los últimos años, una decisión que se tomó en medio de tensiones políticas y que encendió alertas en sectores productivos y analistas por sus posibles efectos en inflación y estabilidad empresarial. Sin embargo, la suspensión no implica que el incremento haya sido anulado definitivamente, ni que su impacto desaparezca de inmediato.
A continuación, las claves para entender qué ocurre ahora y cómo puede afectar a trabajadores y empresas.
Una suspensión que no cambia el salario de inmediato
La decisión del alto tribunal ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, fijando un incremento transitorio que cumpla estrictamente con los parámetros técnicos y constitucionales establecidos en la ley.
Pero esto no significa que el aumento del 23% deje de regir de forma inmediata. Por el contrario, los magistrados dispusieron que los efectos de la suspensión se difieran hasta que se publique el nuevo acto administrativo.
En la práctica, esto quiere decir que el salario mínimo vigente —cercano a dos millones de pesos mensuales incluyendo el subsidio de transporte— se mantiene mientras el Ejecutivo emite la nueva regulación. Por ahora, la próxima quincena de los trabajadores que reciben este ingreso no tendrá cambios.
Pagos ya realizados no se reversarán
Otro punto clave de la providencia es que todos los pagos, ajustes contractuales o cálculos realizados con base en el incremento del 23% seguirán siendo válidos.
La decisión establece que la suspensión no tendrá efectos retroactivos sobre obligaciones ya causadas o pagadas antes de la expedición del nuevo decreto. En otras palabras, no habrá devoluciones ni ajustes hacia atrás en salarios, prestaciones u otros valores vinculados al mínimo fijado para 2026.
Esta aclaración busca evitar incertidumbre jurídica y financiera tanto para trabajadores como para empresas, que ya han aplicado el aumento en contratos y nóminas.
¿Puede el Gobierno insistir en el 23%?
El tribunal dejó abierta la puerta a distintos escenarios, pero también estableció límites claros. La orden judicial exige que la nueva cifra se sustente en criterios técnicos y que el Ejecutivo no reproduzca el acto suspendido si mantiene esencialmente las mismas disposiciones.
Esto implica que, si el Gobierno quiere sostener un incremento cercano al 23%, deberá demostrar con argumentos técnicos cómo llegó a esa cifra, aplicando todos los parámetros económicos y constitucionales exigidos por la normativa vigente.
Entre ellos se incluyen variables como la inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República para 2026, los indicadores de productividad acordados por el comité tripartito coordinado por el Ministerio de Trabajo y las cifras oficiales del DANE sobre crecimiento económico e inflación real del año anterior.
También deben considerarse principios constitucionales como la protección al trabajo, la garantía de una remuneración mínima vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos de la dirección estatal de la economía.
Lo que debe contener el nuevo decreto
El Consejo de Estado fue enfático en que el nuevo acto administrativo deberá tener una motivación robusta y verificable.
Esto implica explicar con claridad la valoración realizada sobre cada criterio —si fue cuantitativa o cualitativa— y detallar la forma en que se ponderaron los factores económicos y sociales para determinar el porcentaje final.
La exigencia apunta a evitar decisiones arbitrarias o carentes de sustento técnico en un tema que impacta directamente el mercado laboral, el consumo y la estabilidad macroeconómica.
Una discusión que sigue abierta
La suspensión es una medida cautelar, no una sentencia definitiva. El proceso judicial continuará hasta que el tribunal decida si el decreto original se ajustó o no a derecho.
En teoría, el aumento del 23% podría quedar en firme si se concluye que cumple con los requisitos legales. No obstante, la propia decisión cautelar sugiere que los magistrados consideran que el ajuste pudo haberse apartado de la fórmula técnica establecida por la ley.
La ponencia, elaborada por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo y respaldada por la Sala Plena, recuerda que la facultad del Gobierno para fijar el salario mínimo no es discrecional ni arbitraria. Debe respetar los límites establecidos en la Ley 278 de 1996 y contar con motivación suficiente y rigurosa.
El tribunal evocó además un antecedente de 2016 en el que se ordenó ajustar el mínimo al alza, subrayando que cualquier decreto debe explicar con precisión las razones que sustentan la cifra adoptada.
El trasfondo político y económico
El aumento decretado en diciembre sorprendió incluso a sectores sindicales, al superar ampliamente las expectativas de negociación. Para algunos analistas, el contexto electoral influyó en la decisión, interpretada como una estrategia política del Ejecutivo.
Desde la perspectiva jurídica, el debate no se centra en si el Gobierno podía usar el concepto de “salario mínimo vital” —un enfoque promovido por referentes internacionales— sino en el peso que le otorgó frente a los criterios obligatorios establecidos por la legislación colombiana.
Mientras tanto, el incremento generó inquietud en sectores empresariales y económicos, que han advertido posibles presiones inflacionarias y efectos sobre el empleo y la sostenibilidad de las compañías.
Un mensaje institucional
Más allá del resultado final del proceso, el efecto inmediato de la decisión es enviar una señal institucional clara: en asuntos con impacto nacional, las políticas públicas deben estar sustentadas técnicamente y alineadas con la Constitución y la ley.
La discusión sobre el salario mínimo seguirá abierta en los tribunales y en el escenario político, mientras el Gobierno prepara un nuevo decreto y los trabajadores continúan recibiendo, por ahora, el incremento vigente.
Lo que está en juego no es solo una cifra salarial, sino el equilibrio entre protección social, estabilidad económica y respeto a las reglas que rigen la toma de decisiones en el país.
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