El plan combina herramientas de precisión con un enfoque que autoridades de ambos países consideran más seguro para el personal operativo. Desde Washington, el Departamento de Estado expresó su apoyo público al señalar que la tecnología “podría cambiar las reglas del juego”, al permitir reducir cultivos de coca, aumentar la seguridad en Colombia y disminuir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
Este respaldo marca un punto de inflexión tras años de tensiones diplomáticas en torno a los resultados de la lucha contra el narcotráfico. La estrategia se presenta como un intento de recomponer la cooperación bilateral y responder a críticas internacionales sobre la expansión de los cultivos ilícitos.
Un plan piloto bajo evaluación ambiental
La iniciativa cuenta con el aval del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), mientras que la autorización definitiva depende de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Según autoridades colombianas, el objetivo es iniciar operaciones con estrictos controles técnicos y ambientales.
La embajada estadounidense en Bogotá señaló que el uso de drones no solo busca reducir la producción de cocaína, sino también proteger la vida de policías y soldados, quienes suelen operar en territorios dominados por grupos armados ilegales. El empleo de aeronaves no tripuladas permite intervenir sin exponer directamente al personal en zonas de alto riesgo.
Funcionarios colombianos han subrayado además que la precisión de esta tecnología podría minimizar el impacto ambiental y sanitario frente a los métodos tradicionales. Los drones operan a baja altura —hasta 1,5 metros sobre los cultivos— y aplican el herbicida de forma focalizada, lo que ha sido descrito como una intervención “quirúrgica” y no masiva.
Las autoridades sostienen que el carácter localizado del método permitiría prescindir de consultas previas en comunidades cercanas, argumentando que la intervención se limitará a áreas apartadas de asentamientos campesinos o étnicos.
Antecedentes y controversias
La fumigación aérea con glifosato fue suspendida en 2015 tras una decisión judicial basada en reportes sobre posibles efectos cancerígenos y riesgos para la salud humana. Desde entonces, la estrategia se concentró en la erradicación manual o voluntaria, con resultados limitados y elevados costos en seguridad.
La persistencia del problema y los riesgos para los operativos han sido evidentes. Solo en 2025 murieron 12 policías en un ataque contra un helicóptero que apoyaba labores de erradicación en tierra, mientras otro episodio dejó 13 uniformados fallecidos tras una emboscada contra una aeronave antinarcóticos en Antioquia.
Estos hechos reforzaron el argumento oficial de buscar alternativas tecnológicas que reduzcan la exposición del personal. La apuesta por drones se presenta así como una respuesta operativa ante la violencia asociada a la erradicación manual.
Cauca, primer escenario de implementación
El programa comenzará en el departamento del Cauca, con el municipio de Argelia como territorio priorizado. Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía, el plan incluye siete programas ambientales, además de protocolos de contingencia y restauración final destinados a prevenir o mitigar daños.
Las operaciones se desarrollarán bajo reserva por motivos de seguridad, debido a antecedentes de protestas y disturbios en zonas donde se han adelantado campañas de erradicación. No obstante, las autoridades locales deberán ser notificadas previamente antes de cualquier intervención, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Aunque no se han divulgado fechas exactas, fuentes oficiales indican que el despliegue podría comenzar en cualquier momento, una vez se obtenga el aval ambiental definitivo y se tome la decisión política final.
Reconfiguración de la cooperación bilateral
Estados Unidos ha reiterado que el uso de drones constituye una oportunidad para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico, al combinar mayor precisión con menor riesgo operativo. Este enfoque se enmarca en un contexto de reactivación de la cooperación entre ambos gobiernos tras una etapa de fricciones políticas.
La reciente reanudación del diálogo bilateral permitió relanzar acuerdos de seguridad que incluyen apoyo técnico y militar, considerados por Washington como parte de una cooperación estratégica para enfrentar organizaciones criminales.
Entre la innovación y el debate
La implementación del programa refleja la tensión permanente entre eficacia operativa y preocupaciones sociales y ambientales. Mientras el Gobierno destaca la precisión tecnológica y el potencial para reducir riesgos humanos, el antecedente del uso de glifosato mantiene abierto el debate sobre su impacto en salud y ecosistemas.
El desafío para las autoridades será demostrar que la nueva modalidad logra equilibrar seguridad, legalidad y sostenibilidad. Si el piloto resulta exitoso, podría marcar una transformación en la política antidrogas del país; si enfrenta cuestionamientos o fallas, reavivará una discusión que lleva más de una década en el centro de la agenda pública.
Por ahora, el despliegue de drones representa una apuesta por la innovación en un escenario complejo, donde la magnitud de los cultivos ilícitos y la violencia asociada siguen planteando uno de los mayores retos para el Estado colombiano.
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