Un análisis de la organización Oceana, citado por el economista Noah Smith en su blog especializado, señala que entre 2022 y 2024 alrededor de 57.000 buques industriales chinos realizaron el 44 % de la pesca global visible en ese periodo. Según el estudio, estas embarcaciones concentraron cerca del 30 % del esfuerzo pesquero en alta mar, acumulando más de 8,3 millones de horas de actividad. Estas cifras reflejan la dimensión del papel de China en la explotación marítima global, en un contexto donde el equilibrio de los ecosistemas ya se encuentra bajo presión.
Tradicionalmente, los problemas ambientales de carácter local —como la contaminación del aire o del agua— han podido mitigarse mediante regulación y avances tecnológicos, especialmente en países industrializados. Sin embargo, los daños globales enfrentan mayores obstáculos de coordinación internacional, como ocurre con el cambio climático. En el caso de la degradación de ecosistemas y fauna silvestre, la dificultad es aún mayor: sus efectos suelen ser menos visibles en el corto plazo y, por ello, reciben menos presión política pese a que pueden resultar irreversibles para generaciones futuras.
De acuerdo con el análisis citado por Smith, la destrucción de hábitats marinos como arrecifes coralinos y fondos oceánicos avanza en gran medida sin respuesta social proporcional, debido a que las víctimas directas —especies y ecosistemas— carecen de representación política. Esta situación se agrava cuando la actividad pesquera se desarrolla lejos de las costas o en aguas internacionales, donde los mecanismos de vigilancia son limitados.
China ha implementado restricciones a la sobrepesca dentro de sus propias aguas en años recientes, motivada por razones ecológicas y económicas, como la protección contra la erosión y la desertificación y una mayor conciencia sobre la biodiversidad. No obstante, especialistas destacan el contraste entre estas políticas internas y la expansión intensiva de su flota en aguas exteriores, tanto en zonas internacionales como en áreas económicas exclusivas de países en desarrollo.
Una investigación del proyecto periodístico Outlaw Ocean Project reveló que 357 de 751 buques calamareros chinos examinados estuvieron vinculados a violaciones ambientales o de derechos humanos. Más de un centenar participó en actividades consideradas ilegales, como capturas de especies protegidas, uso de artes prohibidas, operación sin licencias o descarte de capturas en el mar. Entre los métodos para evadir controles se identificaron la desactivación de sistemas de rastreo, falsificación de registros y el uso de empresas fachada en terceros países. En muchos casos, la pesca se habría realizado dentro de aguas soberanas ajenas.
El problema resulta especialmente crítico para naciones de América Latina y África que carecen de recursos técnicos o financieros para vigilar sus territorios marítimos. En estos contextos, las flotas extranjeras operan con ventajas significativas, afectando no solo a los ecosistemas sino también a comunidades costeras cuya subsistencia depende de la pesca artesanal. El informe sostiene que esta competencia desigual amenaza tanto el sustento local como la sostenibilidad global de los recursos pesqueros.
Smith advierte que la humanidad captura peces a un ritmo superior al de su capacidad de regeneración. En ese escenario, algunas embarcaciones recurren a métodos altamente destructivos, como la pesca de arrastre de fondo, una técnica abandonada o restringida en varios países por su impacto en los ecosistemas. Este procedimiento remueve el lecho marino, destruye hábitats y captura especies no objetivo. Su continuidad, según el análisis, está facilitada por subsidios y beneficios fiscales relacionados con el combustible otorgados por el Estado chino.
El impacto también tiene dimensión económica global. Por ejemplo, cerca del 80 % de los productos marinos consumidos en Estados Unidos son importados, con China entre los principales proveedores. Esto implica que parte de la presión ambiental se desplaza hacia regiones con menor capacidad de regulación, trasladando los costos ecológicos a terceros países.
En el plano estratégico, algunos expertos sostienen que las motivaciones de Beijing trascienden el ámbito comercial. Huang Jing, académico especializado en política pública, ha planteado que la flota pesquera cumple en ocasiones funciones cercanas a la proyección de poder estatal, respaldando reclamaciones territoriales o ampliando la presencia marítima. La interacción de pesqueros con unidades de guardacostas ha provocado episodios de fricción en distintas regiones, evidenciando la dimensión geopolítica del fenómeno.
Aunque organizaciones ambientalistas han denunciado esta problemática durante décadas, la atención mediática y política ha sido irregular. Algunos analistas sugieren que la presión internacional se ha concentrado en otras agendas, dejando menor foco en la explotación pesquera global. Sin embargo, entidades dedicadas a la conservación marítima han mantenido las alertas sobre el deterioro progresivo de los océanos.
Entre las propuestas para enfrentar el problema figuran iniciativas como prohibir globalmente la pesca de arrastre de fondo y eliminar incentivos económicos que la sostienen. También se ha planteado fortalecer la capacidad de los Estados para interceptar embarcaciones ilegales en sus aguas e incluso autorizar mecanismos de decomiso y subasta de barcos infractores, con el objetivo de compensar la falta de recursos oficiales.
El debate sobre la pesca industrial china resume así una tensión compleja entre economía, medio ambiente y política internacional. Mientras la presión sobre los océanos continúa creciendo, especialistas coinciden en que la sostenibilidad de los ecosistemas marinos dependerá de la capacidad de la comunidad internacional para equilibrar intereses comerciales con la protección de un patrimonio natural que trasciende fronteras.
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