Entre las críticas destacó la de la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien calificó la convocatoria como una maniobra política. En redes sociales escribió: “Infames. Petro y Cepeda quieren incendiar el país. Sí al aumento del salario mínimo, no a las marchas politiqueras”, insistiendo en que el presidente estaría actuando en favor de la campaña del senador del oficialismo.
Desde el partido Centro Democrático también surgieron cuestionamientos. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el debate sobre el salario mínimo no debe trasladarse a las calles. “Tres años llamando a las calles mientras el país espera resultados. El salario mínimo no se decreta con arengas ni presión política. Se define con base en la Constitución y la ley, atendiendo criterios técnicos de productividad, inflación y concertación”, manifestó.
A estas voces se sumó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien pidió evitar la polarización. “El país no necesita más odio ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social”, afirmó en un mensaje publicado en X, en referencia a los riesgos de un eventual estallido social.
En el Congreso, el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de La U, aprovechó la discusión para reclamar atención del Gobierno a problemáticas regionales. Señaló que más de 74.000 personas en el Valle del Cauca se han visto afectadas por la crisis del Hospital San José de Buga y cuestionó que no se convoquen movilizaciones para defender la atención en salud de los pacientes.
Por su parte, el presidente Petro indicó que espera los resultados de la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales —encabezada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino— en la que se discutirán los fundamentos del decreto transitorio del salario mínimo. El encuentro se llevó a cabo en la mañana de este lunes 16 de febrero.
La convocatoria también recibió respaldo desde sectores afines al Gobierno. El candidato Iván Cepeda defendió la movilización como una herramienta legítima para rechazar lo que calificó de arbitrariedad. Según afirmó, se trata de una protesta pacífica orientada a defender derechos en medio de condiciones de desigualdad.
El debate se produce además en un contexto jurídico abierto: el Consejo de Estado otorgó al Ejecutivo ocho días para subsanar los parámetros del decreto del salario mínimo mediante una nueva norma, al considerar que varias variables no fueron evaluadas en la decisión de aumentar el mínimo en 23 %, mientras se adopta una determinación de fondo.
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