El gravamen se plantea como una respuesta al déficit fiscal cercano al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en alrededor de $1.600 billones. Su implementación está ligada a la declaración de emergencia económica y deberá ser evaluada por la Corte Constitucional, lo que mantiene cierta expectativa sobre su alcance y duración.
Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto aplicará únicamente a empresas cuyo patrimonio supere las 200.000 UVT —unos $10.400 millones en 2026— con tarifas progresivas entre 0,6% y 1,2%. En total, cerca de 15.000 compañías quedarán dentro de la base gravada, principalmente de los sectores financiero, energético, industrial y de infraestructura.
Aunque este número representa una pequeña fracción de las más de 1,6 millones de empresas registradas en el país, de acuerdo con Confecámaras, se trata de organizaciones con alto peso en inversión y generación de empleo formal. Por ello, el análisis sobre su impacto va más allá del alcance directo del tributo.
Roger Román, socio de Impuestos en Russell Bedford Colombia, señala que la incertidumbre regulatoria es el factor más relevante en este tipo de medidas. “El riesgo no está en el impuesto en sí, sino en la incertidumbre prolongada. Si las reglas son claras y temporales, el impacto suele ser acotado”, afirmó.
El experto explica que el gravamen no afectará de manera directa la declaración de renta de las personas naturales. Sin embargo, el verdadero interrogante es cómo puede incidir en el comportamiento general de la economía, pues los ingresos de los hogares dependen principalmente del empleo, la inversión empresarial y la estabilidad del mercado laboral.
Experiencias previas ofrecen señales mixtas. Durante la vigencia de impuestos al patrimonio entre 2011 y 2018 no se registró un impacto inmediato en el empleo. En 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una tasa de desempleo del 9,8%, mientras que el Banco de la República proyecta un crecimiento económico cercano al 2,4% para 2026. “Las decisiones de empleo responden principalmente al comportamiento general de la economía. Un gravamen temporal no determina por sí solo el mercado laboral”, puntualizó Román.
Otro canal de posible impacto está relacionado con las inversiones y el ahorro de los ciudadanos. Muchas de las empresas gravadas cotizan en bolsa o hacen parte de portafolios de fondos de pensiones e inversión colectiva. A enero de 2026, el índice MSCI Colcap registraba una variación anual cercana al 11%, y los fondos de pensiones administraban más de $400 billones, según la Superintendencia Financiera. La diversificación de estos portafolios tiende a diluir el efecto de medidas tributarias específicas, reduciendo la exposición directa para pequeños inversionistas.
También surge la preocupación de que la carga fiscal sea trasladada a los consumidores mediante alzas de precios. No obstante, las condiciones macroeconómicas actuales limitan esa posibilidad. La inflación anual se ubicó en 4,8% en enero de 2026, dentro del rango objetivo del banco central, cuya tasa de interés de referencia permanece en 8,25%. Además, no se han modificado el IVA ni los aportes obligatorios en salud, pensión o tributación directa a personas naturales.
En mercados altamente competitivos, las empresas no pueden ajustar tarifas de forma automática, ya que deben considerar la demanda y la capacidad de pago de los consumidores. Esto actúa como una barrera frente a incrementos inmediatos en precios.
En conclusión, el impacto más significativo sobre las finanzas de los hogares dependerá del desempeño general de la economía. Si la inversión se desacelera o la confianza empresarial se debilita, podrían surgir efectos indirectos en empleo o ingresos. Por ahora, sin embargo, las estadísticas oficiales no muestran cambios inmediatos tras el anuncio del impuesto, y el debate se mantiene centrado en su eficacia como instrumento temporal para enfrentar una emergencia fiscal y climática sin alterar el equilibrio económico.
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