La decisión recae sobre el incremento del 23,78% decretado por la administración del presidente Gustavo Petro, cuya legalidad fue demandada por ciudadanos que cuestionaron el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos por la normativa vigente. Con la suspensión, el tribunal no emite todavía un fallo definitivo sobre la validez del acto administrativo, pero sí mantiene abierta la discusión judicial mientras avanza el proceso.
En la providencia, el alto tribunal ordenó que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación, el Ejecutivo expida y publique un nuevo decreto que establezca un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo y determine su valor total para la vigencia 2026. Esta regulación deberá aplicar de forma integral los criterios económicos y constitucionales establecidos en la Ley 278 de 1996, lo que implica sustentarse en parámetros técnicos definidos por la norma y no en consideraciones de carácter político.
El nuevo valor tendrá carácter provisional y regirá únicamente hasta que se profiera una sentencia definitiva que determine si el decreto original se ajustó o no a derecho. En ese sentido, la medida cautelar funciona como una decisión preventiva que busca evitar posibles efectos jurídicos o económicos derivados de una norma cuestionada, sin anticipar aún la nulidad del acto.
La demanda que motivó la suspensión argumenta que el aumento fue fijado utilizando el concepto de “salario vital”, apoyado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales no tendrían carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Según los demandantes, esta metodología podría haber vulnerado normas superiores que regulan la fijación del salario mínimo.
Tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con fuertes críticas y calificó la determinación como política. “Me enteré que se cayó el salario mínimo vital. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos”, afirmó, al señalar que existe —a su juicio— una influencia de sectores dirigentes en el Congreso y en las altas cortes que habría frenado el beneficio.
El jefe de la cartera política defendió el incremento decretado inicialmente por el Gobierno, asegurando que respondía a condiciones económicas favorables. Argumentó que algunas grandes empresas respaldaban la medida y que la inflación y los precios de los alimentos no habían crecido como se temía, lo que, en su opinión, justificaba el ajuste salarial.
Benedetti también advirtió que la suspensión tendrá implicaciones más allá del ámbito jurídico y económico, proyectándose en el escenario político. Señaló que la decisión podría influir en la campaña electoral y que la ciudadanía deberá evaluar quién respalda o no el concepto de salario mínimo vital.
Desde otros sectores políticos, el partido Cambio Radical expresó su postura a través de redes sociales, indicando que, pese a la decisión judicial, el impacto negativo ya se habría materializado. Según su pronunciamiento, la inflación encendió señales de alerta y miles de personas habrían perdido empleo o caído en la informalidad como consecuencia del aumento decretado.
Mientras continúa el debate político y económico, el proceso judicial seguirá su curso hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva. Entre tanto, el Gobierno deberá cumplir la orden de expedir una nueva regulación provisional, en un contexto de alta sensibilidad social y económica que mantiene en vilo a trabajadores, empresarios y analistas sobre el futuro del salario mínimo en el país.
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