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A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el mandatario defendió la decisión adoptada por su administración el pasado 29 de diciembre y sostuvo que el incremento se fundamentó en los principios establecidos en la Constitución. Según afirmó, el concepto de “salario vital” aplicado en el decreto responde a criterios económicos que ya habían sido considerados al momento de su expedición.
“El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, señaló el jefe de Estado, quien además dejó entrever que mantendrá la cifra definida a finales de 2025 como referencia para el incremento salarial.
No obstante, Petro aseguró que acatará la orden judicial y avanzará en la expedición del nuevo decreto transitorio exigido por el tribunal, el cual deberá regir mientras se produce una decisión definitiva. “Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución”, manifestó, subrayando que el nuevo documento seguirá los parámetros constitucionales que, según su interpretación, respaldan la política adoptada por el Ejecutivo.
Como parte de ese proceso, el presidente anunció la convocatoria de una reunión de concertación con movimientos sociales y sectores involucrados, con el objetivo de definir el ajuste provisional. Indicó que el diálogo se basará en recientes mediciones económicas y estudios que —según dijo— muestran una incidencia marginal del aumento salarial en la variación de precios de algunos alimentos.
Reacciones en el Gobierno
La decisión del tribunal generó reacciones inmediatas dentro del gabinete. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la medida y sugirió que pudo haber sido influenciada por sectores de poder.
“Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa”, afirmó el funcionario, quien también advirtió que el debate tendrá repercusiones en el escenario político de las próximas semanas.
Lo que ordenó el tribunal
El pronunciamiento del Consejo de Estado se produjo tras recibir cerca de 30 demandas contra el incremento decretado por el Gobierno. En su decisión, el tribunal ordenó expedir y publicar, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto que establezca un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para 2026 y su valor total.
El alto tribunal consideró que el decreto original no se basó plenamente en los parámetros técnicos exigidos por la ley y dispuso que la nueva determinación deberá aplicar de forma integral los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 de 1996 y su desarrollo jurisprudencial.
La cifra que se establezca tendrá carácter provisional y permanecerá vigente hasta que se emita una sentencia definitiva que resuelva el fondo del litigio. Mientras tanto, el debate jurídico, económico y político sobre el alcance del incremento salarial continúa abierto en un contexto de alta sensibilidad social y económica en el país.
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