El funcionario indicó que la discusión evidenció coincidencias entre las partes sobre la conveniencia de preservar el porcentaje aprobado. Según explicó, tanto representantes empresariales como sindicales consideran que modificar el aumento sería equivocado, en la medida en que el ajuste ya se encuentra incorporado en la dinámica económica del país. “De lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7 % del salario vital, que es una buena noticia para los trabajadores”, sostuvo.
Sanguino subrayó que el Ejecutivo respaldará la figura del salario mínimo vital y móvil como eje de su postura oficial. En ese sentido, insistió en que la decisión busca proteger el poder adquisitivo y garantizar derechos laborales fundamentales, en concordancia con el marco constitucional. “El Gobierno va a defender el salario vital”, afirmó, al tiempo que remarcó que la política salarial responde a la necesidad de asegurar condiciones dignas para los trabajadores.
De acuerdo con el ministro, el aumento ya ha sido incorporado tanto por las empresas en sus estructuras de costos como por los hogares en sus ingresos y gastos, por lo que modificarlo podría generar distorsiones. Añadió que durante la sesión se reiteró la importancia de no alterar el mercado laboral ni el comportamiento global de la economía, una postura compartida por representantes sindicales que participaron en el encuentro.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el salario vital constituye un derecho adquirido para los trabajadores. Explicó que el Gobierno impulsa un esfuerzo conjunto con centrales obreras y distintos sectores para consolidar un “pacto por la vida” orientado a promover mayor equidad, justicia social y reducción de brechas. Desde esta perspectiva, la defensa del incremento salarial forma parte de una estrategia más amplia de redistribución del ingreso.
Ávila confirmó además que el Ejecutivo adelanta los análisis económicos necesarios para responder al alto tribunal tras la suspensión del decreto y anticipó la expedición de una norma provisional que brinde certidumbre mientras avanza el proceso judicial. La defensa del incremento, sostuvo, se fundamentará en criterios técnicos, entre ellos la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para 2026, el cálculo de productividad del Comité Tripartito certificado por el DANE, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB —que alcanzó 2,6 %— y la inflación registrada en 2025.
Sanguino agregó que la discusión integra factores adicionales contemplados en la Constitución, como la protección especial al trabajo, la función social de la empresa y la dirección económica del Estado. Los funcionarios recalcaron que la defensa jurídica del Ejecutivo se sustentará estrictamente en el concepto de salario mínimo vital y móvil, evitando interpretaciones ajenas al marco constitucional.
En paralelo al debate institucional, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a movilizarse en respaldo de la política salarial. El mandatario llamó a concentraciones en plazas públicas el jueves a las 4:00 p. m., como muestra de apoyo al incremento defendido por el Gobierno, al que atribuye fundamentos técnicos y sociales.
El ministro de Trabajo subrayó la importancia de brindar estabilidad a los asalariados en medio de la revisión judicial, insistiendo en que el Ejecutivo acatará las decisiones legales sin renunciar a la defensa de los intereses de los trabajadores. Para el Gobierno, la continuidad del aumento salarial constituye un elemento clave para reducir la incertidumbre y preservar el poder de compra de millones de hogares.
Desde la cartera de Hacienda, Ávila interpretó el proceso como una señal de convergencia entre trabajadores, sindicatos y autoridades en la búsqueda de mayor equidad. A su juicio, la defensa del incremento refleja una apuesta por cerrar desigualdades históricas y avanzar hacia un modelo económico con mayor justicia social.
La discusión sobre el salario mínimo continúa abierta en los ámbitos jurídico, económico y político, mientras el Ejecutivo prepara su respuesta al tribunal y mantiene su postura de sostener el incremento como una medida central de su política laboral y social.
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