La negociación del salario mínimo para 2026 volvió a cerrar sin consenso entre empresarios y centrales obreras, repitiendo un escenario que ya se ha vuelto frecuente en Colombia. Con propuestas distantes y tensiones en la mesa de concertación, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se perfila nuevamente como el encargado de definir el ajuste mediante decreto.
La discusión sobre el incremento del salario mínimo en Colombia parece un déjà vu. Tal como ocurrió en diciembre del año pasado y hace dos años, las conversaciones entre empresarios y trabajadores no lograron un acuerdo, dejando el camino despejado para que el Ejecutivo tome la decisión final.
En esta ocasión, la brecha entre las partes fue incluso más marcada. Mientras las centrales obreras insisten en un aumento de dos dígitos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, los gremios empresariales defienden una cifra moderada, argumentando sostenibilidad económica y estabilidad del empleo.
Los criterios legales para fijar el salario mínimo
Más allá del debate político y social, la ley colombiana establece cuatro criterios fundamentales que sirven de base para definir el incremento anual del salario mínimo:
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Inflación: Es el principal factor de referencia. El objetivo es evitar que el salario pierda poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
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Productividad: La Comisión de Concertación tiene en cuenta el crecimiento de la productividad laboral, que para 2026 se proyecta alrededor del 2,6 %.
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Crecimiento económico: El comportamiento general de la economía influye en la capacidad del país para asumir un mayor ajuste salarial.
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Condiciones del mercado laboral: Se analiza la situación del empleo para garantizar que el aumento sea sostenible y no genere efectos adversos.
Las propuestas sobre la mesa
Las centrales obreras plantearon un incremento del 16 %, muy por encima del 12 % solicitado el año anterior. De aprobarse esta cifra, el salario mínimo legal mensual vigente (SMLV) pasaría a $1.651.260, sin incluir el auxilio de transporte. Con este subsidio, el ingreso total ascendería a $1.883.260.
Por su parte, los empresarios propusieron un aumento del 7,21 %, superior al 5,2 % defendido en la negociación previa. Esta cifra dejaría el salario mínimo en $1.526.134, y con auxilio de transporte alcanzaría los $1.740.554.
La distancia entre ambas propuestas —casi el doble— fue determinante para que no se lograra un acuerdo en la primera fase de concertación.
El mensaje del presidente Petro
En medio del estancamiento, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre el tema y cuestionó la propuesta empresarial. “Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7 %”, afirmó.
Aunque no mencionó una cifra concreta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó entrever que el Gobierno evalúa un incremento cercano al 11 %. De aplicarse este ajuste, el salario mínimo pasaría a $1.580.085, y con auxilio de transporte se ubicaría en $1.800.085.
¿Decreto a la vista?
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de definir el salario mínimo mediante decreto, una fórmula que ya se ha utilizado en años recientes. El escenario refleja no solo las dificultades de la concertación salarial, sino también la creciente intervención del Gobierno en una decisión clave para la economía y el bolsillo de millones de colombianos.
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