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| Ministros Guillermo Alfonso Jaramillo y Armando Benedetti Foto: Mininterior |
La Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la reforma a la salud impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra, el proyecto más ambicioso del Gobierno volvió a fracasar en el Congreso, en medio de una profunda crisis financiera del sistema sanitario y de fuertes reproches del Ejecutivo a los senadores que bloquearon la iniciativa.
El Congreso de la República volvió a cerrar la puerta a la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En la mañana de este martes, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar el proyecto de ley con ocho votos a favor y cinco en contra, confirmando así una de las derrotas legislativas más significativas del Ejecutivo en los últimos meses.
La iniciativa, que buscaba transformar de manera estructural el sistema de salud colombiano —de naturaleza público-privada desde 1993—, ya había sido rechazada en el pasado por la misma comisión. Su nuevo hundimiento se produce en un contexto especialmente complejo, marcado por una crisis financiera que afecta a clínicas, hospitales y a millones de pacientes en todo el país.
Una votación adversa para el Gobierno
La mayoría que votó por archivar el proyecto estuvo conformada por senadores de partidos declarados en oposición o independencia frente al Ejecutivo. Los votos decisivos fueron de Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; y Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente.
En contraste, los senadores que respaldaron la reforma fueron Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, del Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y Ómar de Jesús Restrepo, del partido Comunes.
El resultado dejó en evidencia, una vez más, las dificultades del Gobierno para construir mayorías estables en el Congreso, especialmente en proyectos considerados estructurales para la agenda del presidente Petro.
Reacción airada del ministro del Interior
Minutos antes de la votación, cuando el archivo del proyecto ya parecía inevitable, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una dura crítica contra los senadores que se oponían a la iniciativa. En un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que el Congreso había actuado de manera deliberada para impedir cualquier posibilidad de revivir la reforma en la plenaria.
“Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, escribió el ministro, encargado de las relaciones políticas del Gobierno con el Legislativo.
Sus declaraciones reflejaron el clima de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, que se ha agudizado durante el último periodo legislativo.
La caída de la reforma a la salud no es un hecho aislado. Ocurre apenas una semana después de que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes hundieran de manera definitiva la reforma tributaria, otro de los proyectos clave del Gobierno Petro.
Estos reveses consecutivos evidencian el debilitamiento de la agenda legislativa del Ejecutivo en la recta final del cuatrienio, cuando los partidos y congresistas comienzan a concentrarse en las elecciones de 2026 y a marcar distancia del Gobierno.
Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Petro ha insistido en que el sistema de salud requiere una transformación profunda para dejar de ser, según su visión, un negocio dominado por intermediarios privados y convertirse en un derecho plenamente garantizado por el Estado.
Qué proponía la reforma a la salud
El proyecto buscaba reemplazar el actual modelo de aseguramiento privado por uno mayoritariamente público, en el que el Estado asumiera un papel central en la administración de los recursos y en la garantía del acceso a los servicios de salud.
Uno de los puntos más polémicos era la eliminación de la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), para que los recursos fluyeran directamente del Estado a clínicas y hospitales. Esta propuesta generó resistencias desde distintos sectores políticos, económicos y técnicos, que advirtieron riesgos financieros y operativos.
La reforma fue, además, uno de los detonantes de la ruptura de las mayorías legislativas del Gobierno en 2023, cuando varios partidos se apartaron del Ejecutivo tras desacuerdos con el alcance del proyecto.
Tras conocerse el resultado de la votación, los senadores Fabián Díaz y Wilson Arias anunciaron que apelarán la decisión para intentar que el proyecto llegue a la plenaria del Senado. La estrategia busca que la reforma sea enviada a otra comisión, como ocurrió meses atrás con la reforma laboral.
Sin embargo, el margen de maniobra es reducido. El proyecto enfrenta una fuerte resistencia en varias bancadas y cuenta con poco tiempo legislativo disponible. Además, el último semestre del cuatrienio suele ser el más complejo para aprobar reformas estructurales, debido al ambiente preelectoral.
El Gobierno insiste en sus críticas
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó duramente la decisión del Congreso y aseguró que el archivo de la reforma protege intereses particulares. En una comunicación oficial, afirmó que con esta votación “se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes”, como el fortalecimiento de la atención primaria y el control del uso de los recursos públicos.
Jaramillo advirtió que archivar la reforma no resuelve la crisis del sistema. “La profundiza. Mantiene un modelo que no responde a los pacientes, precariza a los trabajadores de la salud y castiga especialmente a los territorios más apartados del país”, afirmó.
Del lado contrario, los senadores que impulsaron el hundimiento defendieron su decisión. El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, aseguró que con esta votación “se sigue salvando la salud y la vida de los colombianos” y la calificó como un acto de responsabilidad con el país.
Por su parte, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, explicó que el proyecto presentaba un grave problema de financiación. Según afirmó, la reforma tenía un déficit cercano a los 26 billones de pesos, equivalente a siete puntos del PIB, lo que —en su concepto— podría traducirse en desabastecimiento de medicamentos y fallas en la atención.
Con este nuevo revés, el futuro de la reforma a la salud queda en entredicho y se consolida uno de los capítulos más difíciles de la relación entre el Gobierno Petro y el Congreso de la República.
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