El Gobierno colombiano evalúa la expedición de decretos y la adopción de nuevas medidas para contener el gasto público, ante las crecientes dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien advirtió que el escenario fiscal obliga a revisar compromisos de gasto y a realizar ajustes que permitan preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la regla fiscal.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el Ejecutivo enfrenta un contexto de estrechez presupuestal marcado por el aumento del gasto obligatorio, las presiones derivadas de recientes decisiones de política pública —como el incremento del salario mínimo— y una limitada disponibilidad de nuevas fuentes de ingresos. En este marco, el Gobierno analiza alternativas tanto por el lado del ingreso como del gasto, con el objetivo de cerrar el faltante presupuestal proyectado para 2026.
Entre las medidas en estudio se encuentra el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para licores. Según explicó Ávila, la propuesta contempla elevar la tarifa del 5 % al 19 % para bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos, aguamiel y otras bebidas fermentadas. La cerveza, no obstante, quedaría excluida de este ajuste tributario. El Gobierno considera que esta modificación permitiría aumentar el recaudo sin afectar bienes de consumo básico, aunque la iniciativa podría enfrentar resistencia de productores y gobiernos departamentales, que dependen en gran medida de los ingresos asociados a la industria licorera.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda adelanta una revisión detallada de los compromisos de gasto vigentes. El ministro señaló que se están identificando rubros susceptibles de ajuste o aplazamiento, procurando no comprometer la operación esencial del Estado ni la ejecución de programas sociales prioritarios. En este proceso, se analizan tanto gastos de funcionamiento como algunas partidas de inversión con bajos niveles de ejecución.
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es la revisión de una prima especial para los congresistas. Ávila indicó que esta iniciativa tendría un impacto fiscal significativo y, por esa razón, está siendo evaluada dentro del paquete de medidas de contención del gasto. El análisis busca determinar si dicho beneficio es compatible con el actual escenario de restricción presupuestal y con los esfuerzos de austeridad anunciados por el Gobierno.
Adicionalmente, el ministro informó que el Ejecutivo trabaja en un decreto que obligaría a los fondos privados de pensiones a repatriar cerca de $250 billones que actualmente se encuentran invertidos en el exterior. El objetivo de esta medida sería canalizar esos recursos hacia proyectos de infraestructura considerados estratégicos y dinamizar la inversión interna. La propuesta, sin embargo, ha generado debate entre analistas del sistema financiero, quienes advierten sobre posibles impactos en la diversificación del riesgo y la rentabilidad de los ahorros pensionales.
En materia de inversión pública, el Gobierno también evalúa congelar o aplazar recursos asignados a proyectos viales que no han logrado avanzar en su ejecución. Esta estrategia de priorización del gasto busca concentrar los recursos disponibles en iniciativas con mayor grado de madurez y capacidad de ejecución, en un contexto en el que cada peso del presupuesto adquiere mayor relevancia.
Las declaraciones del ministro de Hacienda se dan en un momento de intensa discusión sobre el impacto fiscal del aumento del salario mínimo para 2026, que fue fijado en un 23 %. Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la decisión responde a criterios técnicos y sociales relacionados con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y el comportamiento de la inflación. No obstante, el Gobierno reconoce que este ajuste tendrá efectos sobre los costos laborales y los aportes a la seguridad social, en particular para los trabajadores independientes y los empleadores del sector formal.
En conjunto, las medidas en evaluación reflejan los desafíos que enfrenta el Ejecutivo para equilibrar sus objetivos sociales y económicos con la necesidad de mantener la estabilidad fiscal. El debate sobre el Presupuesto General de la Nación de 2026 anticipa un año de decisiones complejas, en el que la contención del gasto, la búsqueda de mayores ingresos y la priorización de recursos serán ejes centrales de la política económica.
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