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La norma adiciona un nuevo capítulo al Decreto 780 de 2016 y redefine las reglas del aseguramiento en salud bajo un enfoque territorial y poblacional. En la práctica, el número de EPS que podrá operar en departamentos, distritos y municipios quedará limitado según el tamaño de la población y la participación de mercado de cada entidad. Esto obligará a varias EPS a salir de determinados territorios y provocará el traslado automático de sus afiliados hacia las aseguradoras que permanezcan habilitadas.
Según el Gobierno, el objetivo es “ordenar técnicamente” el aseguramiento, evitar la fragmentación, garantizar economías de escala, prevenir riesgos sistémicos y asegurar la continuidad en la prestación de servicios, especialmente en zonas dispersas o de baja densidad poblacional. Sin embargo, gremios y expertos han advertido posibles impactos sobre la libre escogencia y la capacidad real de las EPS receptoras para absorber el alto volumen de nuevos usuarios.
Menos EPS por territorio y nuevos umbrales
Uno de los cambios más significativos es la fijación de topes al número de EPS que podrán operar en cada municipio y departamento.
En municipios con más de 500.000 habitantes podrán funcionar todas las EPS autorizadas, siempre que no tengan una participación inferior al 3 % de los afiliados en ese territorio. En municipios medianos y pequeños, el número máximo se reduce progresivamente, hasta permitir solo una EPS en localidades con menos de 20.000 habitantes.
A nivel departamental también se establecen umbrales mínimos de participación. En departamentos con más de dos millones de habitantes solo podrán mantenerse las EPS que concentren al menos el 5 % de los afiliados; en territorios con menor población, el porcentaje exigido aumenta hasta el 15 %. Las EPS que no cumplan con esos criterios deberán retirarse.
En la práctica, este reordenamiento podría concentrar buena parte de los afiliados en aseguradoras de mayor tamaño, entre ellas Nueva EPS, que tiene presencia en los 32 departamentos. La entidad, intervenida desde abril de 2024, ha registrado deterioro en algunos indicadores de prestación de servicios, lo que ha generado inquietudes sobre su capacidad para asumir nuevos usuarios.
Traslado obligatorio de afiliados
El retiro de una EPS de un territorio activará un mecanismo de “asignación especial de afiliados”. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) redistribuirán, en cuestión de días, a los afiliados hacia las entidades que continúen operando.
La asignación será obligatoria para las EPS receptoras, que no podrán negarse a recibir nuevos usuarios, incluso si provienen de otro régimen. Los afiliados deberán permanecer al menos 60 días en la EPS asignada antes de poder solicitar traslado por libre escogencia, salvo excepciones como la reunificación familiar o el caso de comunidades indígenas.
Para millones de usuarios, esto implica un cambio inmediato en su aseguradora, red de prestadores y trámites administrativos, con posibles efectos en la continuidad de tratamientos.
Nuevas reglas de contratación y patrimonio
El decreto también refuerza obligaciones de contratación. Las EPS del régimen subsidiado y las públicas del régimen contributivo deberán contratar como mínimo el 60 % de su gasto en salud con Empresas Sociales del Estado (ESE) ubicadas en los municipios donde operan.
En el frente financiero, se modifican las reglas relacionadas con el patrimonio adecuado de las EPS que reciban afiliados por redistribución. En ciertos casos se establecen reducciones temporales en los porcentajes exigidos, con el argumento de facilitar la absorción de nuevos usuarios sin comprometer la estabilidad del sistema. Críticos advierten que flexibilizar estos requisitos podría incrementar riesgos financieros en un entorno ya tensionado.
Más control y seguimiento estatal
La norma fortalece el rol de supervisión del Estado. La Superintendencia Nacional de Salud deberá actualizar los ámbitos territoriales de autorización de las EPS, verificar su capacidad de afiliación y autorizar cualquier modificación geográfica.
Por su parte, el Ministerio de Salud implementará un sistema de seguimiento más estricto sobre la gestión de las EPS, con énfasis en la articulación con redes de prestadores y en indicadores de experiencia ciudadana como satisfacción, continuidad del cuidado y accesibilidad efectiva.
El Gobierno sostiene que estas herramientas permitirán detectar riesgos tempranos y evitar crisis de prestación en regiones apartadas.
Un reordenamiento de alto impacto
El alcance del decreto anticipa un reordenamiento profundo del aseguramiento. Según cálculos de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, la norma implicaría el traslado de 6’606.371 afiliados: 3’198.875 hacia Nueva EPS, 289.262 a Savia Salud y 533.429 a S.O.S., entre otras entidades.
Desde septiembre de 2025 se había advertido que este escenario podía materializarse. En ese momento se hablaba de 2,3 millones de usuarios potencialmente afectados a través del Decreto 858, que fue suspendido por el Consejo de Estado. El nuevo decreto amplía de forma significativa el universo de afiliados que podrían ser trasladados.
En entrevistas con el diario EL TIEMPO, la presidenta ejecutiva de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, advirtió que “existe un alto riesgo de que esos traslados se traduzcan en deterioro de la atención”, especialmente en un sistema que ya enfrenta dificultades de financiación, capacidad instalada y continuidad de tratamientos.
El Gobierno, por su parte, insiste en que el decreto es necesario para garantizar sostenibilidad y equidad territorial. No obstante, para los usuarios los cambios serán inmediatos: traslados en cuestión de días, reducción de opciones en varios municipios y un periodo obligatorio de permanencia antes de poder cambiar de EPS.
En los próximos meses se pondrá a prueba si el reordenamiento logra los objetivos de eficiencia y estabilidad que promete el Ejecutivo o si, como advierten algunos sectores, terminará profundizando las tensiones en un sistema que ya atraviesa una de sus coyunturas más complejas.
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