Centro Democrático busca frenar decreto de emergencia económica del Gobierno Petro mediante tutela

La declaratoria de emergencia económica y social por 30 días, decretada por el presidente Gustavo Petro, ya enfrenta su primer gran pulso judicial. Desde Bogotá, el Centro Democrático interpuso una acción de tutela con la que busca suspender de inmediato los efectos del decreto, mientras la Corte Constitucional realiza el control automático que ordena la Constitución para este tipo de medidas excepcionales.

El recurso fue presentado por la senadora Paloma Valencia, en su condición de congresista y candidata presidencial del partido, y por el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, quienes actuaron como ciudadanos. La tutela fue radicada ante un juez del circuito de Bogotá y apunta directamente contra el decreto presidencial y las entidades encargadas de su ejecución.

Entre los demandados figuran la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), instituciones que, según el escrito, tendrían un rol central en la aplicación de las medidas derivadas del estado de excepción.

El vacío de control y la vacancia judicial

Uno de los ejes de la acción judicial es la vacancia judicial de la Corte Constitucional, circunstancia que, a juicio de los accionantes, genera un vacío temporal de control que justificaría la intervención del juez de tutela. Según el documento, permitir que el decreto produzca efectos mientras no hay pronunciamiento del alto tribunal comprometería la protección efectiva de los derechos fundamentales.

“El decreto entró en vigencia de forma inmediata y habilitó al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley”, advierte la tutela. En ese contexto, el partido considera que se estaría utilizando el poder de excepción de manera estratégica, sin los controles propios del Estado constitucional de derecho.

Facultades tributarias y choque con el Congreso

El Centro Democrático puso especial énfasis en que la emergencia económica habilita al Gobierno para crear o modificar tributos, lo que implica un desplazamiento temporal de las competencias del Congreso de la República. Según la tutela, este punto adquiere mayor relevancia por haberse producido en un momento cercano al cierre del año fiscal.

El escrito recordó que el Congreso archivó la reforma tributaria del Gobierno el 9 de diciembre de 2025, luego de que las comisiones económicas conjuntas negaran la ponencia positiva. Este antecedente fue citado como un hecho previo y relevante frente a la posterior declaratoria de emergencia, circunstancia que el propio Gobierno reconoció.

Para los accionantes, la secuencia de hechos refuerza la tesis de que el Ejecutivo estaría recurriendo al estado de excepción para sortear la negativa del Legislativo.

¿Había realmente una emergencia?

En la tutela se cuestiona el fundamento central del decreto: la existencia de una crisis fiscal que ameritara la adopción de medidas extraordinarias. El Gobierno justificó la emergencia en factores como el déficit presupuestal, la rigidez del gasto y la baja recaudación tributaria.

No obstante, el Centro Democrático sostiene que estos elementos no constituyen hechos nuevos ni imprevisibles, requisitos exigidos por la Constitución para declarar un estado de excepción. En ese sentido, argumenta que se trata de problemas estructurales conocidos, que no habilitan el uso de poderes extraordinarios.

Petición concreta al juez

Además de solicitar la suspensión general del decreto, la tutela pide al juez ordenar al Ministerio de Hacienda y a la Dian que se abstengan de imponer, recaudar o exigir nuevos tributos derivados de la emergencia, mientras se define su constitucionalidad. El objetivo, según el documento, es evitar efectos irreversibles sobre los contribuyentes.

El partido advirtió que permitir la aplicación del decreto sin control judicial “constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, frase que se convirtió en uno de los ejes de su argumentación pública.

Un debate que ya llegó a la Corte

El decreto también otorga al Gobierno la facultad de crear impuestos especiales para recaudar hasta USD 41.000 millones, recursos destinados a cubrir necesidades presupuestales previstas para 2026, uno de los puntos que más controversia ha generado.

La acción del Centro Democrático se suma a otras solicitudes presentadas ante la Corte Constitucional por las congresistas Angélica Lozano y Cathy Juvinao, del Partido Verde, quienes también pidieron la suspensión del decreto.

La decisión final ahora queda en manos del juez que asuma el conocimiento de la tutela y, posteriormente, de la Corte Constitucional, una vez retome plenamente sus funciones.