Proyecto Ley de Competencias no llena las expectativas

Por: Jorge Vergara Carbó

La Asociación de gobernadores elaboro un borrador del proyecto de ley de Competencias, el cual contiene 176 páginas, para su discusión, recientemente el gobierno puso a circular un borrador del proyecto de ley de competencias, casualmente también con 176 páginas.

A nuestro juicio, ambas propuestas muy extensas lo que complica su estudio por parte de alcaldes, gobernadores y parlamentarios, creemos que tergiversan el espíritu del acto legislativo No 003 de 2024, que se centra en incrementar la participación de las entidades territoriales e indígenas en el SGP al pasar en 12 años, del 27% al 39.5%, para cerrar brechas.

De acuerdo a ambos proyectos, el gobierno nacional seguirá regulando el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de agua potable y el sistema de saneamiento básico. Sistemas que se llevan el 96%, del SGP, ya que el 4% restante, se desinará a lo que llaman en la ley asignaciones especiales.

Los recursos siguen siendo de destinación especifica, lo que significa que no se pueden gastarse en otros menesteres. Se mantiene la inflexibilidad del presupuesto donde el margen de maniobra está limitado por la ley. Los nuevos recursos se deben gastar así: Educación 58.5%; Salud 24.5%; Agua y Saneamiento Básico 5.4% y Propósito.  General 11.6%.  Las asignaciones especiales se distribuyen de la siguiente manera: Resguardos indígenas 0.52%; Pueblos ribereños Río Magdalena 0.08%; PAE 0.50% y FONPET 2.9%.

El proyecto de ley, mantiene la participación en el SGP que venía recibiendo cada entidad territorial. Los cambios se dan, para el incremento anual que tendrán estos recursos en los próximos doce años, para llegar del 27% de los ICN al 39.5%. Es decir 12.5%, que se plantea repartirlo en una doceava parte, lo que significa incrementos anuales del 1.042%, a partir del año 2027. No se les olvide que el año base para el cálculo es el año 2026, cuya participación de los ICN al SGP en ese año, puede llegar a ser el 30%. De darse esa participación, el aumento en los 12 años, que contempla la ley, será de 9.5%, y no de 12.5%. De ahí, la importancia en los datos que suministra el gobierno sobre estos tópicos.

Tampoco perdamos de vista que, en la discusión de este proyecto de ley, se presenten divergencias de criterio influenciados por voces de expertos, que han venido sosteniendo que con el déficit actual del gobierno del 7.5% del PIB, no es conveniente seguir cediendo recursos del gobierno nacional a las entidades territoriales. El debate no será fácil por ese motivo y otros que tienen que ver con la disponibilidad del gobierno a desprenderse de funciones que viene desempeñando, pero que estas con sus recursos deben ser asumidas por las entidades territoriales.

El proyecto de ley, no apunta a darle flexibilidad al gasto, en su articulado tan extenso y confuso, no se incluye un artículo que diga algo cuando una entidad territorial hay logrado 100%, de cobertura en educación, salud, agua potable y saneamiento básico pueda utilizar parte de esos recursos, para propósito general y por supuesto que en la ejecución de los mismos incluya las partidas necesarias para mantener la infraestructura construida con los recursos del SGP. Esto es fundamental, para evitar despilfarro de recursos.

Con relación al cierre de brechas, en las entidades territoriales todo queda en manos de la inclusión en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Plan de las entidades territoriales para que se incluyan las obras a realizar, sin garantizar que estas serán financiadas con recursos del PGN y no con los recursos cedidos por el SGP.

Otro mecanismo para cerrar brechas, es el de la categorización de las entidades territoriales, en Distrito Capital, ciudades grandes y grupos del 1 al 5 de municipios y los Departamentos del grupo uno al tres. La categorización la hará el DNP, utilizando varias variables como población certificada por el DANE, ingresos fiscales, conectividad entre otros. Esta categorización a nuestro juicio debería centrarse en las brechas hoy existentes entre las distintas entidades territoriales. Incluso los nuevos recursos deberían asignarse prioritariamente a las entidades territoriales que carezcan de agua potable, alcantarillado, y su cobertura en educación y salud este por debajo del 60%. Una de las maneras de disminuir brechas, es asignándole recursos y competencias a las entidades territoriales con mayores carencias.

El proyecto de ley, no plantea ese tipo de discusión, que es el verdadero debate para que darle al que cuenta con recursos propios suficientes un porcentaje de los nuevos recursos transferidos. Las grandes capitales del país, que en gran parte han sido beneficiadas de una u otra forma con recursos del PGN y con disposiciones especiales que le han permitido cierto grado de desarrollo económico y social no deberían ser beneficiadas de los recursos adicionales aprobados en el Acto Legislativo 003 de 2024.

Se establece la siguiente distribución de los recursos adicionales, antes de llegar al 39.5% de los ICN, y después cuando se llega a la meta fijada, así:

a) Para la Salud: 90% para CAPS, incluyendo la formalización laboral a sus trabajadores. Esto significa que todos deben ser de la planta de personal. Dudamos, de que el gobierno tenga claro cuánto cuesta esa formalización. El 10% restante, para programas de Salud Pública. Cuando se llegue a la meta del 39.5% de los ICN, el 100% a CAPS. Al Distrito Capital le asigna el 100%, a los Departamentos el 45%, y el 55% a los municipios y Distritos.

b) Para la educación, establece patrones y le asigna el 100%, de los recursos adicionales.

c)  Para Agua Potable y Saneamiento Básico el 85% para Distritos y municipios y el 15%, para Departamentos.

d)  Para Propósito General, los distribuye de acuerdo a la población certificada por el DANE, niveles de pobreza y Densidad étnica.

e)  Para los Resguardos Indígenas, la población, 30% para gastos de funcionamiento y el 70%, para inversión.

f)   Para los pueblos ribereños del Río Magdalena, que le corresponde el 0,08%, deben invertir en erosión, arborización, navegabilidad, reforestación entre otras.

g) Para el FONPET el 2.9%, para cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales.

h) Crea el Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales (FEIT-SGP), como una cuenta especial manejada por el banco de la República que se nutrirá con el 5%, de los ingresos adicionales del SGP y de los rendimientos financieros de las inversiones realizadas, hasta cuando alcancen la meta del 1% del PIB.

Finalmente, para manejar todo lo concerniente a la autonomía y descentralización crea el “Sistema de Autonomía y Descentralización Territorial” y el Consejo Superior de Autonomía y Descentralización, ambos centrados en Bogotá, conformado por los ministerios, que se encargarán de diseñar las políticas y ejercer el control en el cierra de brechas.

La verdad, un proyecto de ley engorroso, difícil de entender y menos en la coyuntura actual, con un debate electoral polarizado y por supuesto con un gasto público desbordado, hasta el punto que podemos terminar el año con un déficit fiscal del 7.5% del PIB. No es fácil entender este proyecto de ley, por lo que el gobierno debería replantearlo armando un equipo técnico que pueda desplazarse a las regiones a tratar de explicarlo para que alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios lo entiendan y puedan aportar a mejorar el proyecto.

ALGUNOS COMENTARIOS AL PROYECO DE LEY DE COMPETENCIAS

 “No se delimitan competencias claras entre la Nación y los entes territoriales Sumado a esto señalan desde Asocapitales que en el texto que les fue entregado no se evidencia una reforma integral del Estado, debido a que no se delimitan competencias claras entre la Nación y los entes territoriales, motivo por el cual advierten que se “generan vacíos que producen inseguridad jurídica y administrativa”.

Iván González exdirector del DNP de este gobierno dice “El proyecto de ley sobre competencias que el Gobierno ha puesto a circular, con el mensaje “Borrador Diálogo Social” no es malo ¡Es pésimo! Es una tristeza que se esté perdiendo una oportunidad de oro para diseñar instrumentos que permitan corregir las enormes desigualdades que existen entre las regiones del país ¡La situación es decepcionante!”

Isidro Hernández, docente investigador de la universidad Externado dijo:” por su parte, advirtió sobre los riesgos fiscales de una reforma que, aunque incrementa los flujos de recursos hacia los territorios, no necesariamente garantiza eficiencia ni sostenibilidad si no va acompañada de una estructura técnica adecuada”.

En síntesis, el proyecto no es bueno, es confuso, muy extenso al incluir temas que nada tienen que ver con el espíritu del acto legislativo No 003 del 2019. No puede el gobierno pretender con este proyecto de ley, tratar de reformar el sistema de salud, cuya ley se discute en la Comisión VII del Senado. Ese proyecto no es para reformar el sistema de salud, tal como lo propone el gobierno de invertir el 90%, de los recursos adicionales en la creación de los centros de atención primaria (CAPS), y una vez alcanzad la meta del 39.5%, el 100% de los recursos serán para los CAPS. Este ha sido uno de los caballos de batalla del presidente Petro, que, al no conseguirlo incluir en la ley de la salud, pretende que se apruebe en la ley de competencias.

Hace falta mucho debate, en el Caribe los gobernadores están más preocupados con el proyecto de ley, que acaba de presentar el gobierno de pasar de una RAP a una RET, que no tiene garantizado nada, y que también adolece de fallas, que en un próximo artículo comentaremos, cuando deberían esta 100%, concentrados en el proyecto borrador de la ley de competencias que es una realidad.

Es importante, que se tenga claridad que el proyecto de ley de competencias, no es para incluir en él, una reforma fiscal a las entidades territoriales, sino ver como se trasladan competencias y recursos a las entidades territoriales más pobres, para ir cerrando brechas.