El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia tendrá que recurrir a la importación de gas natural a partir de 2026, debido a un déficit proyectado en la producción interna. La declaración se produjo luego de que el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Edwin Palma, admitiera que el país enfrentará una brecha de al menos el 20% en el suministro de este recurso en menos de dos años.
La advertencia se dio en el marco de la presentación del XXVI Informe del Sector Gas Natural, elaborado por Promigas y revelado el pasado viernes 19 de septiembre. El documento advierte que la nación dependerá, durante al menos cinco años, de la compra de gas natural en el exterior, mientras se consolidan proyectos de exploración y producción que podrían garantizar la autosuficiencia energética en el mediano plazo.
Petro, a través de su cuenta en X (antes Twitter), reconoció la necesidad de recurrir a esta medida, aunque defendió su carácter histórico: “La importación de gas natural ha existido hace años y desde anteriores gobiernos”, afirmó. El mandatario señaló, además, que la diferencia de su administración frente a las anteriores radicará en que no existirán “monopolios de la importación”, ya que, según dijo, en el pasado fueron los privados quienes controlaron este negocio.
El panorama genera preocupación en diversos sectores. Analistas del mercado energético han advertido que la dependencia de importaciones no solo encarece los costos de la energía, sino que también expone al país a la volatilidad de los precios internacionales. En la actualidad, Colombia cuenta con infraestructura limitada para importar gas, como la planta regasificadora de Cartagena (SPEC LNG), con capacidad de 400 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, para suplir la creciente demanda se proyecta la construcción de una segunda planta en Buenaventura, aún en fase de planeación.
En paralelo, gremios industriales han insistido en la necesidad de acelerar proyectos de exploración costa afuera (offshore) en el Caribe, así como el desarrollo de yacimientos no convencionales, hoy en debate por razones ambientales. De no hacerlo, advierten, el país podría ver comprometida la seguridad energética en un plazo más corto del previsto.
Con la confirmación del Gobierno, la discusión sobre la política energética vuelve a ocupar el centro del debate nacional, en un contexto de transición hacia fuentes renovables y de tensiones entre sostenibilidad ambiental y seguridad de abastecimiento.
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