Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión por presunto entramado de corrupción

Tras finalizar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el envío a la cárcel de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, en una decisión de alto impacto político y judicial que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Luego de conocerse el fallo, se activaron de inmediato los procedimientos de captura. Bonilla siguió la audiencia de manera presencial en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, ubicadas en el sector de Salitre, en el occidente de la capital. Hasta ese lugar llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y de la Policía Judicial para hacer efectiva su detención. De acuerdo con versiones de medios bogotanos, el exministro sería trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación.

En contraste, Luis Fernando Velasco participó en la diligencia judicial de forma virtual, a través de la plataforma Zoom. Durante su intervención negó los cargos que le imputó la Fiscalía y, tras conocerse la decisión del Tribunal, manifestó que se entregará voluntariamente a las autoridades en las próximas horas.

La Fiscalía, respaldada por la ponencia de la magistrada Aura Alexandra Rosero, señaló a los exfuncionarios como presuntas cabezas de un entramado criminal mediante el cual, de manera ilegal, se habría negociado el direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Invías. Según el ente acusador, estos contratos habrían sido utilizados como moneda de cambio para asegurar votos favorables en el Congreso a iniciativas clave del Gobierno, entre ellas las reformas sociales y proyectos tramitados en las comisiones económicas.

Uno de los principales argumentos del Tribunal para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario fue el riesgo de que el presunto esquema de corrupción se perpetuara. “La medida no se sustenta en una fuga inminente, sino en la necesidad actual de evitar la rearticulación o continuidad de prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propias de esquemas de corrupción de compleja envergadura”, señaló la magistrada Rosero.

La decisión generó controversia en el ámbito judicial, ya que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria. Sin embargo, el Tribunal optó por una medida más severa. La Procuraduría General de la Nación pidió reconsiderar la reclusión en cárcel en el caso de Ricardo Bonilla, al argumentar su condición de adulto mayor.

La defensa de ambos exministros anunció la apelación del fallo. El expediente pasará a otra Sala del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si confirma o revoca la medida. Debido al inicio de la vacancia judicial este viernes 19 de diciembre, la decisión definitiva se conocería en enero.