Legalizan captura de presuntos responsables del atentado perpetrado recientemente en Cali


El pasado jueves 21 de agosto, Colombia vivió uno de sus episodios más oscuros de este año. Un camión cargado con explosivos estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, causando la muerte de seis civiles e hiriendo a más de 70 personas. Solo uno de los dos vehículos detonó; el otro fue desactivado a tiempo.

Horas después del incidente, la comunidad local logró capturar a los presuntos responsables al impedir su huida. Se trata de Walter Esteban Yonda Ipía, alias “Sebastián”, y Carlos Steven Obando, quienes, según la Fiscalía, trasladaron ambos vehículos con los llamados “tatucos” hasta las inmediaciones de la base aérea y activaron los mecanismos explosivos

Este sábado, un juez de control de garantías legalizó sus capturas, realizadas en flagrancia, y avaló la prisión preventiva mientras el proceso continúa.

La Fiscalía imputará cargos por participación en un ataque terrorista. En paralelo, se confirmó la detención de un tercer sospechoso, identificado como Diomar Mancilla, vinculado a la estructura criminal Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC)

Tras el ataque, las autoridades dispusieron medidas inmediatas para contener la crisis: se declaró el duelo en Cali, se militarizó la ciudad y se activó la "Operación Sultana" para reforzar la presencia militar.

Además, el gobierno lanzó una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita capturar a otros responsables.

El presidente Gustavo Petro calificó el atentado como parte de la reacción organizada por disidencias de las FARC, dentro de lo que denomina la “Junta del Narcotráfico”, y advirtió que estos grupos deberán ser tratados como organizaciones terroristas.

Este hecho se suma a otro ataque ocurrido el mismo día en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron durante una operación contra cultivos ilícitos, dejando cerca de 12 uniformados muertos.

La simultaneidad de los ataques ha generado alarma nacional y presiona al gobierno para fortalecer la seguridad en el país de manera inmediata.


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