El Gobierno del presidente Gustavo Petro afronta una de las semanas más decisivas de su mandato en el Congreso de la República. Con el reloj político avanzando hacia la recta final de su periodo, el Ejecutivo busca sacar adelante tres iniciativas que considera fundamentales para el cierre de su administración: la reforma a la salud, el presupuesto nacional de 2026 y la ley de sometimiento a organizaciones criminales.
Sin embargo, la falta de mayorías sólidas y las crecientes divisiones dentro de los sectores aliados han llevado al Gobierno a explorar otras salidas, entre ellas la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente o impulsar una consulta popular que le permita medir el respaldo ciudadano a su agenda.
Reforma a la salud: un pulso decisivo en el Senado
El primer gran desafío de la semana es la reactivación del debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, donde el proyecto se encuentra en una encrucijada política. Según un análisis de El Espectador, las fuerzas están prácticamente empatadas: cinco senadores respaldan la ponencia de archivo impulsada por el Centro Democrático, otros cinco apoyan el texto presentado por la bancada del Pacto Histórico, y tres más se inclinan por una ponencia alternativa.
En ese escenario, el voto de la senadora Berenice Bedoya (ASI) podría resultar decisivo para definir el rumbo del proyecto.
El presidente Petro ha intervenido directamente en el debate, defendiendo la versión original de la iniciativa y criticando los cambios introducidos por sectores que, a su juicio, pretenden usar recursos públicos para cubrir las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), empresas privadas que administran buena parte del sistema.
No obstante, las senadoras Norma Hurtado (Partido de la U), Lorena Ríos (Justa y Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira) advierten que el riesgo real radica en una eventual “estatización” del sistema. Según ellas, el traspaso de la administración a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) podría derivar en una peligrosa centralización que pondría en riesgo la atención a millones de usuarios.
Ante la falta de consenso, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) ha planteado abrir un espacio de diálogo con las congresistas opositoras para intentar salvar el proyecto mediante una versión modificada. Sin embargo, la oposición sostiene que la iniciativa no resuelve los problemas estructurales del sistema y que, por el contrario, podría profundizar la crisis.
El presupuesto de 2026: tensiones por los recursos
Paralelamente, el Gobierno enfrenta un segundo frente crucial: la aprobación del presupuesto nacional para 2026. Aunque el Ejecutivo logró mantener sus mayorías en la Cámara de Representantes durante los últimos tres años, el clima político preelectoral ha modificado las alianzas y sembrado dudas sobre el respaldo de algunas bancadas.
En las comisiones económicas conjuntas ya se aprobó un presupuesto de $546,9 billones, tras una reducción de $10 billones promovida por la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde. Sin embargo, la oposición considera que el ajuste no es suficiente y propone una nueva reducción de $16 billones, argumentando que existen riesgos fiscales graves que podrían comprometer la estabilidad económica del país.
Cambio Radical, el Centro Democrático y varios sectores conservadores e independientes impulsan esa reducción adicional, mientras que desde el oficialismo se advierte que un recorte de tal magnitud afectaría directamente las políticas sociales del Gobierno y pondría en riesgo programas bandera en educación, salud y subsidios.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha reiterado que el presupuesto fue diseñado bajo criterios de sostenibilidad y que cualquier recorte adicional podría “asfixiar” las metas sociales del Plan Nacional de Desarrollo.
Ley de sometimiento: otro campo minado
El tercer proyecto clave en la agenda del Gobierno es la ley de sometimiento a organizaciones criminales, que busca establecer un marco jurídico diferenciado para los grupos armados que decidan acogerse a procesos de paz o desmantelamiento.
Aunque ya concluyeron las audiencias públicas, el proyecto no ha logrado consolidar las mayorías necesarias. La situación se ha complicado aún más por la disputa interna entre los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, quienes han tenido diferencias sobre la estrategia legislativa y la relación con el Partido Liberal, una colectividad que fue aliada del Gobierno pero ahora muestra fracturas evidentes.
En la Comisión Primera de la Cámara, donde se discutirá la ponencia, las cuentas no favorecen al Ejecutivo: se calcula que los opositores suman al menos 20 votos, frente a los 17 del oficialismo. La decisión, nuevamente, dependerá de un puñado de congresistas indecisos que podrían inclinar la balanza.
Una semana que puede definir el rumbo del Gobierno
Con tres debates de alto impacto y un Congreso cada vez más fragmentado, el Gobierno de Gustavo Petro se juega una parte importante de su legado político. El fracaso simultáneo de estas iniciativas podría significar un golpe severo a su agenda de transformaciones, mientras que un eventual éxito legislativo le daría oxígeno para el tramo final de su mandato.
Ante la incertidumbre parlamentaria, la idea de recurrir a la movilización ciudadana, una Constituyente o una consulta popular empieza a tomar fuerza en el discurso presidencial. El mensaje es claro: si el Congreso cierra las puertas, el Gobierno buscará abrirlas en las calles.
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