En una decisión sin precedentes en la historia judicial y política de Colombia, el Tribunal de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien deberá cumplir una pena de 12 años de prisión bajo arresto domiciliario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La medida fue ordenada por la juez 44 de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, quien consideró que la evidencia presentada en el juicio fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del exmandatario.
La sentencia, notificada el pasado lunes y formalizada este viernes durante audiencia pública, también impone una multa de 2.425 décimos de salario mínimo legal mensual vigente, así como la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 100 meses y 20 días.
Un fallo de más de mil páginas
El fallo, contenido en un documento de 1.114 páginas, detalla las actuaciones por las que Uribe fue encontrado culpable como “determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo”. Aunque fue absuelto de otros cargos, como el caso Hilda Niño Farfán y el expediente “Pacho Cundinamarca”, el tribunal consideró probadas las acciones ilegales en las que incurrió el exmandatario al intentar manipular testigos en procesos judiciales abiertos contra él.
La jueza Heredia ordenó que Uribe permanezca en detención domiciliaria en su residencia en Rionegro, Antioquia, bajo condiciones específicas. Entre ellas, la presentación de una caución judicial equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales y la suscripción de un acta de compromiso ante las autoridades judiciales locales. El traslado a su domicilio deberá ser coordinado por los servicios judiciales de la región, bajo estricta vigilancia.
¿Prisión inmediata o medida suspendida?
Aunque la sentencia ordena la detención domiciliaria inmediata, penalistas consultados han advertido que su ejecución podría quedar en suspenso si se interpone un recurso de apelación, tal como lo permite el Código Penal colombiano. Esto significa que la medida podría no ejecutarse hasta que la condena quede en firme, lo cual dependerá del análisis y decisión que tome la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Álvaro Uribe ya anticipó que presentará su apelación y que será él mismo quien la sustente. En un mensaje publicado en redes sociales en la mañana del 1 de agosto, el exmandatario expresó: “Me voy a centrar en la solución, es un tema bastante complicado en términos personales, pero me voy a enfocar en la solución y ya estoy justamente trabajando en mi defensa”.
El plazo para presentar el recurso vence cinco días después de la notificación de la sentencia. De aceptarse el recurso, la ejecución de la pena podría quedar suspendida temporalmente hasta que se resuelva de fondo la apelación.
Un hito judicial y político en Colombia
La condena a Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y ha sido una figura central del espectro político en las últimas dos décadas, representa un giro significativo en la relación entre justicia y poder político en el país. Esta es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente en un juicio ordinario, lo que ha generado reacciones de todo tipo en el ámbito jurídico y político nacional.
El caso ha sido seguido de cerca tanto por sectores críticos como por simpatizantes del exmandatario, quienes consideran que el proceso tiene una fuerte carga política. Sin embargo, la jueza Heredia fue enfática al señalar que el fallo se fundamenta únicamente en las pruebas recolectadas, testimonios rendidos y análisis jurídicos objetivos que permiten establecer la responsabilidad penal de Uribe.
Ahora, la atención se centra en la apelación. El Tribunal Superior de Bogotá tendrá la tarea de estudiar tanto los argumentos presentados en la sentencia como los fundamentos que exponga la defensa. Solo entonces se determinará si la condena se ratifica, modifica o revoca.
Mientras tanto, el país asiste a un momento inédito: la confrontación entre la figura de un expresidente con amplio respaldo político y la independencia del poder judicial que, en este caso, ha marcado un precedente histórico.
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