La situación del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, ha escalado a un nuevo nivel de tensión política y diplomática. Actualmente en Nicaragua, González es requerido por la justicia colombiana en el marco de la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra delitos como cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X, negando haber realizado gestiones para protegerlo en territorio nicaragüense. “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, escribió el mandatario. Sus palabras llegan en medio de la polémica por las revelaciones sobre la permanencia de González en Managua, incluida su estancia durante varios meses en la residencia oficial de la Embajada de Colombia.
Según documentos revelados por medios nacionales, González recibió la residencia nicaragüense el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación lo imputó formalmente. Si bien se señala que ya contaba con una residencia previa desde diciembre de 2024, su documento vencía en junio de 2025. Un mes antes de la expiración, la embajada colombiana en Managua solicitó la renovación ante el gobierno de Daniel Ortega, trámite aprobado de inmediato por la Dirección General Consular del Ministerio del Interior nicaragüense, previo pago de 56 dólares.
El proceso coincidió con el avance de la Fiscalía en la solicitud de circular roja a Interpol, aunque esta aún no ha sido emitida, lo que impide una detención internacional inmediata. Para la opinión pública, el hecho alimenta sospechas de un eventual encubrimiento institucional.
El exembajador en Managua, León Fredy Muñoz, reconoció que González vivió en la residencia oficial entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, junto a su esposa, Luz Dana Leal, y otros funcionarios diplomáticos. “Como amigo lo recibí y como amigo lo atendí. La comida la compramos nosotros. Era una cosita de vivienda”, aseguró Muñoz, quien subrayó que cuando invitó al exdirector del Dapre, este no tenía orden de captura.
Durante la llegada de González a Nicaragua, el 5 de noviembre de 2024, Muñoz —miembro del partido Alianza Verde, que González ayudó a fundar— estaba al frente de la misión diplomática. Posteriormente, el primer secretario de relaciones exteriores, Óscar Muñoz Giraldo, asumió como encargado de negocios. Este último ha sostenido que la gestión de la residencia no se realizó durante su período, y que únicamente facilitó el ingreso inicial de González al país.
La Cancillería colombiana emitió un comunicado desmarcándose del trámite migratorio, asegurando que la Nota Verbal del 21 de mayo de 2025, firmada por el encargado de negocios, no fue consultada ni autorizada por el Ministerio. Tanto la canciller Rosa Villavicencio como la excanciller Laura Sarabia —hoy embajadora en Reino Unido— han negado cualquier participación en el proceso.
Sin embargo, las fechas y la simultaneidad de los hechos generan inquietud. La obtención de la residencia coincidió con la imputación de cargos, y el trámite fue gestionado oficialmente desde la misión diplomática colombiana.
El trasfondo judicial del caso se remonta a las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien acusó a González de ordenar, junto a otros funcionarios del gobierno Petro, el reparto de sobornos y contratos a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos legislativos.
La Fiscalía avanza en la investigación, y el caso se ha convertido en un campo de disputa política. Desde la oposición, se exige una explicación clara sobre el papel de la red diplomática en Managua, mientras en el oficialismo se insiste en que no ha existido intención de proteger a un prófugo.
Las próximas semanas serán decisivas. Si la circular roja de Interpol se emite, Colombia podrá formalizar una solicitud de extradición o entrega directa a Nicaragua. Pero el éxito de esa gestión dependerá de la voluntad del gobierno de Daniel Ortega, con quien Petro ha mantenido relaciones diplomáticas cordiales, aunque no exentas de fricciones.
Por ahora, la figura de Carlos Ramón González permanece en el centro de una controversia que combina justicia, política y diplomacia. Su estadía en la residencia oficial de la embajada, las gestiones migratorias y la falta de acción inmediata de las autoridades internacionales mantienen viva la sospecha de que, detrás de la narrativa oficial, podrían existir favores políticos y alianzas discretas.
En medio de esta tormenta, el mensaje del presidente Petro busca marcar distancia: no habrá protección y se pedirá su entrega. Sin embargo, mientras no se concrete la captura, el caso seguirá siendo un foco de tensión para el gobierno y un símbolo de cómo la política exterior y la diplomacia pueden verse arrastradas por los escándalos de corrupción domésticos.
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