La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, mediante la cual admitió la inscripción de un comité ciudadano que promueve un referendo derogatorio del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP en noviembre de 2016.
La determinación abre formalmente el camino para que el grupo promotor inicie la recolección de firmas, paso indispensable dentro del procedimiento establecido para que la iniciativa pueda llegar a ser sometida a votación popular.
Comité inscrito con personería legal
Según el documento oficial, la solicitud de inscripción fue radicada el 29 de julio de 2025. Tras surtir el trámite, la Registraduría confirmó que el comité quedó inscrito bajo el nombre “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”.
La resolución establece que, desde su expedición, los impulsores de la propuesta cuentan con el aval legal para desarrollar las actividades de difusión, organización y recolección de apoyos ciudadanos.
El abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal fue designado como vocero oficial de la iniciativa. De acuerdo con el acto administrativo, Rocha será responsable de la coordinación legal, administrativa y financiera del proceso, además de ejercer la vocería pública del comité durante todas las etapas.
El proceso hacia las urnas
Con el reconocimiento formal del comité, el siguiente paso es la recolección del número exigido de firmas de ciudadanos habilitados para votar. Una vez recopiladas y verificadas por la Registraduría, y en caso de superar el umbral requerido, el organismo electoral certificará el respaldo ciudadano y remitirá el expediente al Congreso de la República y a la Corte Constitucional. Estas instancias tendrán la última palabra sobre la viabilidad de convocar el referendo.
Si bien la Registraduría no evalúa el contenido político de la propuesta, su decisión constituye un hito en el marco de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución.
Implicaciones políticas
El anuncio se produce en un contexto en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa la estrategia de “Paz Total”, con la que busca ampliar los alcances del Acuerdo de 2016 mediante negociaciones con otros grupos armados ilegales y medidas de reconciliación nacional.
La eventual convocatoria de un referendo derogatorio introduce un nuevo elemento de debate en la política nacional. Para diversos sectores críticos, derogar el Acuerdo significaría desconocer compromisos que han permitido la reincorporación de excombatientes y la consolidación de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los promotores, en contraste, sostienen que el pacto implicó concesiones desmedidas y que es necesario replantear el rumbo de la política de paz.
La autorización de la Registraduría, en todo caso, marca el inicio de un proceso que, de cumplir con los requisitos legales, podría llevar a una consulta nacional de gran impacto en el futuro del país.
Por ahora, el reto inmediato del comité será organizar su estrategia y superar la primera prueba: reunir las firmas necesarias para llevar su propuesta a la siguiente etapa.
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