La Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un convenio interadministrativo que marca el inicio de un nuevo modelo estatal para la producción, personalización y distribución de pasaportes, en reemplazo del contrato que vence con la firma Thomas Greg & Sons.
A pocas semanas de la finalización del contrato con la firma Thomas Greg, que durante años se encargó de la producción de pasaportes en Colombia, la Cancillería y la Imprenta Nacional oficializaron un nuevo convenio que le da paso a un modelo estatal para asumir esta tarea estratégica. El acuerdo fue subido oficialmente al portal Secop el viernes 17 de julio a las 7:00 p. m. y marca un punto de inflexión en la política del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los servicios documentales.
Este nuevo convenio interadministrativo, firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, tiene como objeto “aunar esfuerzos administrativos y técnicos para la implementación del nuevo modelo del servicio de pasaporte en lo que respecta al suministro y personalización de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”. Además, se incluye la custodia y entrega del documento final en las sedes designadas por la Cancillería.
La medida responde a una directriz del presidente Petro, quien ha cuestionado abiertamente el contrato con Thomas Greg y la dependencia del Estado colombiano de firmas privadas para la producción de documentos oficiales. Desde el Gobierno se ha impulsado una mayor soberanía tecnológica y operativa sobre este tipo de procesos.
Transición en marcha
El convenio establece que la Imprenta Nacional asumirá plenamente todas las etapas del proceso: producción, personalización, distribución, custodia y entrega de pasaportes y visados colombianos. La entidad certificó en el documento su capacidad técnica y operativa para asumir este reto, y se comprometió a ejecutar las tareas “en la forma y términos establecidos” con base en un cronograma diseñado bajo estándares internacionales.
Aunque algunos sectores dentro de la misma Cancillería habían manifestado dudas sobre si la Imprenta Nacional estaba lista para asumir la totalidad del proceso, el convenio sostiene que la entidad cumple con los requisitos técnicos necesarios. Cabe recordar que una experiencia similar se desarrolló anteriormente en la producción de cédulas de extranjería, proceso que ha estado bajo observación por presuntas fallas que motivaron investigaciones por parte de la Procuraduría General contra funcionarios de Migración Colombia y de la propia Imprenta Nacional.
Uno de los puntos clave del acuerdo es que contempla la posibilidad de que la Imprenta Nacional establezca alianzas estratégicas para optimizar los procesos de producción y distribución. Aunque inicialmente se habló de una posible cooperación con Portugal –denominada por algunos como la “opción Petro”–, el texto firmado no menciona ningún socio internacional específico en esta etapa inicial.
No obstante, el convenio deja abierta la puerta a futuras contrataciones derivadas, siempre y cuando se respeten las condiciones técnicas, de calidad y seguridad, de acuerdo con los anexos técnicos que acompañen cada contrato posterior.
La ejecución del nuevo modelo se proyecta hasta el 31 de diciembre de 2034 y se desarrollará principalmente en Bogotá, aunque también podrá aplicarse en otras ciudades donde lo requiera el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aún no se aclara si el esquema será implementado también en las sedes consulares fuera del país.
Participación de otras entidades
Además de la Imprenta Nacional, otras entidades jugarán un papel clave en este proceso. El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia asumirán las responsabilidades que, conforme a sus competencias legales, les correspondan en este nuevo esquema. Estas entidades deberán coordinar procedimientos y garantizar la interoperabilidad del sistema de emisión de pasaportes.
Un aspecto relevante es que el convenio no cuenta con una asignación presupuestal directa en esta fase. Cada entidad deberá realizar las respectivas apropiaciones en sus presupuestos anuales para cubrir los costos de los contratos derivados, asegurando así la continuidad del servicio con los requerimientos técnicos estipulados.
La decisión de terminar el contrato con Thomas Greg ha sido uno de los temas más discutidos en la agenda administrativa del Gobierno Petro. Desde sus primeras críticas a la firma privada, el mandatario ha insistido en que este tipo de servicios deben quedar bajo control del Estado para evitar lo que ha calificado como “monopolios disfrazados” en sectores estratégicos.
El nuevo esquema, por tanto, no solo representa un cambio técnico y administrativo, sino que forma parte de una apuesta política más amplia del Gobierno por recuperar funciones estatales clave y reducir la dependencia de contratistas privados.
Aunque la implementación del modelo enfrenta retos importantes, como la garantía de calidad, la cobertura oportuna y la seguridad en la emisión de documentos, el Gobierno confía en que la Imprenta Nacional podrá responder a las exigencias del proceso y que el nuevo sistema contribuirá a fortalecer la soberanía institucional en materia documental.
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