Barranquilla, junio 27 de 2025 — En un fallo que ha sacudido los cimientos del sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención estatal sobre EPS Sanitas, ordenada previamente por la Superintendencia de Salud. La determinación se da tras encontrar vicios de procedimiento y falta de garantías al debido proceso, lo que pone bajo la lupa otras medidas similares adoptadas por el Ejecutivo en el último año.
El alto tribunal señaló que la intervención no cumplió con los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. En su pronunciamiento, advirtió sobre el riesgo de utilizar figuras administrativas como instrumentos de presión política o económica dentro del sistema de aseguramiento en salud.
Con esta decisión, otras EPS que han sido intervenidas recientemente —como Nueva EPS o Sura EPS— podrían encontrar una nueva ruta jurídica para cuestionar las acciones del Gobierno, abriendo la posibilidad a un efecto dominó que desestabilizaría aún más el sistema.
Uno de los puntos más delicados es el impacto de este fallo en la millonaria demanda presentada por el grupo Keralty —matriz internacional de EPS Sanitas— contra el Estado colombiano. La compañía reclama una reparación por más de 1.2 billones de pesos por los perjuicios ocasionados por la intervención, ahora declarada inconstitucional.
Expertos advierten que, si se reconocen los daños, el país podría enfrentarse a un precedente que limitaría la capacidad del Gobierno para actuar frente a eventuales crisis en otras entidades aseguradoras.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud guarda silencio, y sectores políticos llaman a revisar el marco legal que regula las intervenciones, para evitar lo que muchos ya califican como una “crisis institucional de salud”.
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