*La iniciativa fue presentada por el concejal Antonio Bohórquez y busca emplazar a la Alcaldía, y a la Constructora Amarilo a que expliquen por qué los atrasos y problemas que aquejan a la mencionada urbanización.
Por GERMAN AGÁMEZ
El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó este jueves, en sesión plenaria, una proposición presentada por el concejal Antonio Bohórquez que busca llamar a cuentas a la Alcaldía, a distintas dependencias distritales y a la Constructora Amarilo por los atrasos y problemas que aquejan a la urbanización Alameda del Río. El cabildante consiguió el respaldo unánime de la corporación para citar a un debate de control político y realizar visitas de campo con el fin de verificar sobre el terreno qué compromisos se han cumplido desde la primera inspección oficial realizada el 18 de abril de 2022 —también promovida por él— y cuáles siguen pendientes.
La principal motivación de la citación, explicó Bohórquez, es la creciente inconformidad de los residentes, quienes denuncian falta de áreas de parqueo, deficiencias en seguridad, retrasos en la entrega de equipamientos públicos —colegio, puesto de salud y CAI— y la ausencia de claridad sobre la cesión formal de vías y espacios públicos al Distrito. “Ese día de 2022 se levantaron actas con tareas concretas. Tres años después, la comunidad sigue temerosa porque no ve cumplidos los compromisos”, dijo el concejal a playnoticiasplus.
Entre los puntos que se revisarán figura la protección de los “ojos de agua” o manantiales que aún subsisten en la zona, considerados vitales para la sostenibilidad ambiental del sector. Vecinos y activistas temen que la urbanización termine por afectar la flora y la fauna locales si no se implementa un plan de manejo hídrico efectivo. “El componente ambiental no puede quedar en un segundo plano; es tan prioritario como la movilidad o la seguridad”, advirtió Bohórquez.
La movilidad es, de hecho, otro factor crítico. El diseño original contemplaba suficientes estacionamientos internos para reducir la invasión de andenes y calzadas, pero, a juicio del cabildante, esa meta está lejos de cumplirse. “Los problemas de parqueaderos continúan y generan caos vial. Eso debió resolverse desde la planeación misma”, subrayó.
En materia de seguridad, la comunidad esperaba contar ya con un CAI o, preferiblemente, una estación de Policía plenamente operativa, pero las obras avanzan a paso lento. Por esa razón fueron convocados el secretario del Interior y el Fondo de Seguridad Distrital, junto con la propia Policía Metropolitana, para que expongan cronogramas y expliquen por qué no se ha logrado una presencia policial permanente.
El debate también incluirá el caso de la vereda Las Nubes, contigua a Alameda del Río. Allí, recordó Bohórquez, el Distrito cambió la vocación del suelo de agrícola a residencial para permitir nuevos proyectos de vivienda. Sin embargo, los habitantes de la vereda —de tradición campesina— temen quedar arrinconados por la expansión urbana sin garantías de inclusión en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). “Queremos saber qué pasará con sus derechos y con el uso del suelo de toda esa franja”, señaló.
Para responder a estos y otros interrogantes, el cabildo distrital ha citado a los titulares —o a sus delegados— de las secretarías de Gobierno, Planeación, Salud, Educación y Tránsito; a la concesión de Alumbrado Público y al Fondo de Seguridad. Se espera además la presencia de directivos de Amarilo, responsable principal de las obras. “Su versión es clave para entender por qué no se han entregado los equipamientos y las áreas de cesión”, afirmó el proponente.
La agenda contempla dos fases. Primero, una visita técnica a Alameda del Río, programada para la semana previa al debate, en la que concejales, funcionarios y líderes comunitarios harán un recorrido por los puntos críticos: manantiales, vías sin pavimentar, lotes destinados a instituciones educativas, zonas verdes prometidas y los predios donde debería levantarse la estación de Policía. La segunda fase será el debate formal en el recinto, en el que cada entidad deberá presentar informes respaldados con documentos y evidencias fotográficas o audiovisuales.
Bohórquez insistió en que la idea no es “satanizar” a la Administración ni a la constructora, sino presionar para que se cumpla lo pactado y se restablezca la confianza con los miles de habitantes del complejo residencial, considerado uno de los proyectos de vivienda más ambiciosos de la capital del Atlántico. No obstante, advirtió que, de persistir los incumplimientos, podría solicitar la intervención de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
Mientras llega la fecha del debate, los residentes de Alameda del Río esperan que esta nueva citación no quede, otra vez, solo en buenas intenciones. “La comunidad lleva años tocando puertas sin respuesta. Confiamos en que, esta vez, los compromisos se traduzcan en soluciones reales”, concluyó el concejal.
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