La economía global de la cocaína vivió en 2023 su año más prolífico —y, simultáneamente, uno de los más vigilados— desde que existen registros. Así lo confirma el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), presentado este miércoles en Viena, que muestra incrementos sin precedentes en producción, consumo e incautaciones, con Colombia como epicentro del fenómeno.
La producción mundial de cocaína ascendió a 3.708 toneladas de sustancia pura en 2023, un 34 % más que en 2022 y diez veces la cifra registrada hace apenas una década. Dos factores explican esta escalada: El aumento de los cultivos de hoja de coca en Colombia, y la revisión al alza de los rendimientos por hectárea aplicada por la Onudd tras estudios de campo más precisos.
Colombia, que aportó 253.000 hectáreas de cultivos —equivalentes a dos tercios del total mundial de 376.000 hectáreas— volvió a concentrar la mirada internacional. El suroeste del país, bajo la influencia de disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, concentra la mayor parte de esas plantaciones y las infraestructuras de procesamiento.
El informe también devela que las incautaciones globales de cocaína alcanzaron 2.275 toneladas en 2023, máximo histórico que refleja tanto la expansión del tráfico como un fortalecimiento de los operativos de interdicción. Paralelamente, el número de consumidores se disparó a 25 millones —ocho millones más que hace diez años—, indicador que confirma la creciente demanda en mercados tradicionales y emergentes de Europa, Norteamérica y África Occidental.
Colombia y la ofensiva antidroga
Aun con el repunte de los cultivos, Colombia cerró 2023 con logros inéditos en materia de decomisos. Las autoridades incautaron:
746.285 kg de clorhidrato de cocaína (droga lista para la venta).
99.356 kg de pasta base, etapa previa al refinamiento.
Más de 1,3 millones de kilos de precursores químicos, entre ellos acetona (1.326.253 kg) y ácido clorhídrico (130.316 kg), insumos esenciales para los laboratorios ilegales.
984.366 kg de hoja de coca, un 45 % más que en 2022, dato que sugiere o bien un crecimiento de la superficie cultivada o una mayor efectividad estatal para detectar burros y campamentos de acopio.
El balance incluye otros estupefacientes: cannabis (421.167 toneladas, +8 %), heroína (572 kg, casi el doble que en 2022) y éxtasis (147 kg, multiplicación por ocho). Estos números confirman que, aunque la cocaína siga siendo el motor del narcotráfico, los grupos criminales diversifican su portafolio para sortear los golpes policiales y satisfacer nichos de mercado.
La Onudd dedica un capítulo a las organizaciones que operan en áreas cocaleras de Colombia y otras regiones críticas del mundo. Conceptualiza un modelo de “grupos orientados al control o la gobernanza”, que no se limita a transportar droga: también imponen normas sociales, administran justicia paralela, cobran “impuestos” y mezclan economías legales e ilegales para consolidar poder territorial.
Ejemplos emblemáticos son las FARC‑EP, algunas facciones paramilitares como las AUC y redes criminales del Sahel africano. En el caso colombiano, las FARC‑EP han hibridado su vieja agenda insurgente con actividades narcotraficantes:
Dirigen o supervisan cultivos y laboratorios.
Cobran “gramajes” a campesinos y productores.
Gestionan rutas fluviales y aéreas para exportar el alcaloide.
Dilemas de una estrategia
El reporte advierte que centrar la estrategia de seguridad en desarticular cabecillas produce resultados ambiguos. Si bien la muerte o captura de líderes coincide con disminuciones temporales en el número de ataques, la intensidad y la capacidad operativa de los grupos no se erosionan en la misma proporción. Al contrario, las facciones tienden a fragmentarse y a competir violentamente por los territorios y las rentas del narcotráfico, lo que multiplica los focos de conflicto.
Con los récords de producción y las incautaciones simultáneas sobre la mesa, las cifras de 2023 plantean un panorama paradójico: nunca se había confiscado tanta droga ni se había sembrado tanto. Para la Onudd, este ciclo de incrementos obliga a replantear las políticas:
Enfoque integral de desarrollo rural: sin alternativas productivas rentables, los campesinos seguirán viendo en la coca la única salida económica.
Control territorial sostenido: la presencia del Estado debe ir más allá de los operativos militares y judiciales, e incluir servicios básicos y justicia formal que resten legitimidad a la narco‑gobernanza.
Revisión de la demanda: mientras el consumo siga creciendo en mercados de alto poder adquisitivo, el incentivo para producir y traficar se mantendrá elevado.
El récord de 3.708 toneladas de cocaína y la hegemonía de Colombia en la oferta global confirman una verdad incómoda: el narcotráfico evoluciona más rápido que las herramientas para combatirlo. La combinación de cultivos en expansión, redes criminales polivalentes y un mercado en alza deja a los Estados ante un desafío que trasciende las fronteras y obliga a combinar mano dura con políticas de desarrollo y salud pública. De lo contrario, las cifras de 2023 podrían ser, más que un techo, el piso de una nueva realidad.
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