Bogotá, junio 2025 — Las alarmas se encienden en los mercados financieros luego de que dos de las principales agencias calificadoras de riesgo, Moody’s y S&P Global Ratings, rebajaran la calificación crediticia de Colombia, advirtiendo sobre un creciente deterioro fiscal y el debilitamiento del marco institucional para garantizar la sostenibilidad macroeconómica.
Moody’s redujo la nota soberana de Colombia de Baa2 a Baa3, el umbral más bajo dentro del grado de inversión, aunque mantuvo una perspectiva estable. Por su parte, S&P fue más drástica al degradar al país de BB+ a BB, una categoría que oficialmente cataloga a la deuda colombiana como bono basura o de alto riesgo.
Ambas agencias coinciden en las razones: un déficit fiscal persistente, el debilitamiento de la regla fiscal, aumento sostenido del gasto público, y señales de incertidumbre jurídica derivadas de las tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones de control.
“El margen de maniobra se agota y la credibilidad institucional empieza a erosionarse”, advirtió el análisis de Moody’s, mientras que S&P resaltó que Colombia necesitará ofrecer rendimientos más altos para colocar su deuda, encareciendo su financiamiento externo.
El golpe de las calificadoras genera efectos inmediatos: se espera una salida de capitales internacionales, incremento de las tasas de interés internas y mayor volatilidad en los mercados de divisas. Esto afectará tanto al Gobierno como al sector privado, dificultando la inversión productiva y el crecimiento económico.
Desde el Ministerio de Hacienda, el mensaje ha sido de prudencia: aseguran que se presentará un plan de ajuste fiscal ante el Congreso en las próximas semanas, con el fin de contener la caída de la confianza. Sin embargo, expertos coinciden en que el país necesita no solo medidas fiscales, sino señales claras de estabilidad política y respeto institucional para recuperar su atractivo ante los inversionistas.
Con este escenario, Colombia se enfrenta al desafío de evitar una escalada mayor de la desconfianza internacional y contener el impacto en los hogares, especialmente aquellos más vulnerables a los efectos de un encarecimiento del crédito y la inflación importada.
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