En la sentencia, la corporación lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio en concurso homogéneo. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso una multa de 133.738.170 pesos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena.
La Sala ordenó también su captura y la emisión de notificación roja a través de Interpol, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sanción. Asimismo, negó la posibilidad de acceder a mecanismos sustitutivos como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La red de corrupción
El proceso está relacionado con actuaciones adelantadas por Bustos cuando se desempeñaba como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema. De acuerdo con la sentencia, el exmagistrado se concertó con otros integrantes y exintegrantes de la misma corporación, así como con abogados litigantes —entre ellos Luis Gustavo Moreno Rivera— para abordar a congresistas aforados que tenían procesos activos en única instancia ante la Corte.
Según estableció la investigación, a cambio de millonarias sumas de dinero ofrecían intervenir de manera ilegal para obtener decisiones judiciales favorables. Entre los beneficios prometidos figuraban archivos de procesos, autos inhibitorios y preclusiones. También lograban dilatar trámites, frenar órdenes de captura e incluso evitar la imposición de medidas de aseguramiento.
La Sala determinó que fueron contactados los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes pagaron 2.000 millones y 1.200 millones de pesos, respectivamente, con el objetivo de obtener decisiones favorables en los procesos que cursaban en su contra por el fenómeno de la “parapolítica”.
Dichos expedientes estaban en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo Fernández. En desarrollo de esa concertación, Bustos recibió de Moreno Rivera 200 millones de pesos en efectivo, dinero que provenía del pago ilícito efectuado por Besaile, según quedó acreditado en el proceso.
Medidas adicionales y restablecimiento institucional
Con la decisión, la Corte fijó las responsabilidades penales correspondientes y estableció medidas para garantizar la ejecución y publicidad del fallo. Como parte del restablecimiento del derecho institucional afectado, la Sala ordenó que Bustos difunda la parte resolutiva de la sentencia y un resumen oficial elaborado por la corporación.
La publicación deberá realizarse por una sola vez y a su costa, en medios de comunicación audiovisuales y escritos previamente aprobados por la Sala, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del fallo.
En contraste, el exmagistrado fue absuelto del delito de tráfico de influencias de servidor público, al considerar la Sala que no se configuraron los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad penal por esa conducta específica.
La condena contra Bustos representa un nuevo hito judicial en el caso del “cartel de la toga”, trama que puso en entredicho la credibilidad de la justicia colombiana al revelar la existencia de una red que manipulaba decisiones judiciales a cambio de sobornos. Con esta sentencia, la Corte Suprema reafirma su intención de sancionar penalmente a quienes utilizaron sus cargos para beneficiar intereses particulares y vulnerar la institucionalidad.
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