Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que el Ejecutivo incorporó todas las observaciones formuladas por el alto tribunal y que el documento —identificado como decreto 0159 de 2026— ya fue remitido nuevamente a esa corporación para su revisión. “El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025”, afirmó.
La medida regirá de manera transitoria mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.
¿Cómo se compone el aumento del 23%?
El decreto establece que el incremento total del 23% se compone de dos elementos: un 13,6% correspondiente a la base técnica tradicional y un 9,4% adicional que responde al denominado “cierre de brecha parcial con el salario vital”.
Según el Gobierno, el aumento no obedece a una decisión discrecional, sino a la aplicación de parámetros técnicos y constitucionales orientados a garantizar condiciones de vida dignas y a reducir la desigualdad.
El componente base —13,6%— se construyó con los criterios definidos en la Ley 278 de 1996, que históricamente han servido de referencia para la fijación del salario mínimo en Colombia. Entre las variables consideradas se incluyen la inflación proyectada (5,3%), la productividad (0,91%), el aporte de los salarios al ingreso nacional (2,81% y 1,65%) y el crecimiento estimado del PIB (2,90%).
Sobre esa base económica se adicionó el 9,4% correspondiente al “cierre de brecha parcial”. El Ejecutivo explicó que este mecanismo busca reducir gradualmente la diferencia entre el salario mínimo legal y el llamado “salario vital” o de suficiencia.
¿Qué es el salario vital?
El concepto de salario vital parte de la premisa de que el ingreso de un trabajador no debe limitarse a cubrir necesidades básicas mínimas, sino garantizar una canasta de vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud y educación para él y su familia.
Para sustentar este componente, el Gobierno utilizó cálculos basados en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del DANE y en estudios de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo con esas estimaciones, la OIT determinó que para un hogar de cuatro personas el salario vital debería ubicarse en $2.147.731, mientras que para uno de tres integrantes sería de $1.658.957.
Dado que el promedio de miembros por hogar en Colombia es de 2,86 personas —aproximadamente tres, según datos del Dane en 2024— el Gobierno tomó como referencia el valor correspondiente a tres integrantes. Esa cifra fue ajustada con la inflación proyectada para 2025 (5,3%), lo que arrojó un resultado cercano a $1.750.905.
Con base en ese ejercicio técnico, el Ejecutivo concluyó que existía una brecha total cercana al 23% entre el salario mínimo vigente en 2025 y la canasta vital de referencia. Para evitar un salto abrupto, se aplicó primero el incremento tradicional de 13,6% y luego se sumó un 9,4% adicional, correspondiente al cierre parcial de la diferencia.
Se le denomina “parcial” porque no elimina completamente la brecha en un solo año. Según el Gobierno, tras el ajuste aún quedaría un diferencial estimado en 4,54%, que podría abordarse en vigencias futuras, dependiendo del comportamiento económico.
Un decreto bajo revisión judicial
El nuevo decreto mantiene la cifra de $2 millones que ya había sido anunciada en diciembre de 2025, pero incorpora una justificación técnica más detallada para responder a los requerimientos del Consejo de Estado.
Mientras el alto tribunal decide de fondo, el salario mínimo regirá con carácter transitorio durante 2026. La discusión jurídica se centra en si el Ejecutivo cumplió adecuadamente los criterios legales y técnicos para fijar el incremento.
Preguntas clave
Con esta decisión, el Gobierno defiende que el incremento responde tanto a criterios técnicos como a mandatos constitucionales, en un contexto de debate jurídico y económico que seguirá abierto mientras el Consejo de Estado adopta su fallo definitivo.
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