Estas son las EPS en la mira del Gobierno: millones de usuarios, en vilo por posible liquidación

El presidente Gustavo Petro generó un fuerte impacto en el sistema de salud colombiano tras ordenar la liquidación inmediata de las EPS que se encuentren en quiebra, durante el Consejo de Ministros realizado el 16 de marzo.

La instrucción fue dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio del estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato”, afirmó el mandatario.

La decisión, aunque aún sin detalles específicos sobre cuáles entidades serían liquidadas, ha generado preocupación entre los usuarios del sistema, especialmente porque cerca de 23 millones de colombianos están afiliados a EPS actualmente intervenidas o con problemas financieros.

EPS en la mira y riesgo para millones de usuarios

Entre las entidades que podrían verse afectadas se encuentran EPS de gran cobertura como Famisanar y Coosalud, que en conjunto suman más de seis millones de afiliados.

A estas se suman otras aseguradoras bajo vigilancia o intervención estatal, como:

• Asmet Salud

• Emssanar

• Savia Salud

• Servicio Occidental de Salud (SOS)

• Capresoca

Estas entidades concentran millones de afiliados, muchos de ellos en regiones apartadas donde, en algunos casos, son el único asegurador disponible.

Uno de los casos más críticos es el de la Nueva EPS, que cuenta con cerca de 11 millones de usuarios y acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos entre 2022 y 2025.

El presidente Petro señaló que, dado que el Estado posee el 50% de esta entidad, también deberá asumir parte de sus pasivos.

“El Estado es propietario de la mitad de la empresa y, por tanto, de la deuda”, explicó el mandatario, sugiriendo que recursos públicos podrían cubrir cerca de 10 billones de pesos.

Deterioro financiero y aumento de quejas

El contexto que rodea la decisión presidencial es un deterioro sostenido en las finanzas del sistema de salud. Varias EPS intervenidas presentan balances negativos y crecientes dificultades para garantizar la atención a los usuarios.

Por ejemplo, Famisanar, intervenida desde 2023, acumulaba deudas por 2,3 billones de pesos a finales de 2025, además de un aumento del 40% en las quejas de los afiliados en el régimen contributivo.

Informes del sector también evidencian un agravamiento generalizado. Entre 2022 y 2025, el patrimonio negativo conjunto de varias EPS bajo intervención pasó de 1,3 billones a 10 billones de pesos, reflejando la profundidad de la crisis.

En el caso de Coosalud, la situación ha generado incluso investigaciones por parte de organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario tras detectar fallas persistentes en la atención a los usuarios.

En 2025, esta EPS registró más de 107.000 quejas y más de 20.000 tutelas, evidenciando barreras en el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos.

Además, aumentaron los incidentes de desacato por incumplimiento de fallos judiciales, lo que refleja una crisis estructural en la prestación del servicio.

Impacto en regiones y poblaciones vulnerables

La posible liquidación de estas entidades genera especial preocupación en zonas rurales y apartadas, donde EPS como Asmet Salud son el principal —y en ocasiones único— operador del sistema.

Actualmente, esta entidad atiende a más de 1,5 millones de afiliados en departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá, Tolima y Huila, además de Bogotá.

En estos territorios, una eventual liquidación podría afectar gravemente la continuidad en la atención médica, especialmente para comunidades vulnerables con acceso limitado a servicios de salud.

Un sistema en transformación

La orden de liquidar EPS en quiebra se produce en un momento clave, luego de que el Congreso no aprobara la reforma estructural al sistema de salud impulsada por el Gobierno.

Ante este escenario, el presidente Petro anunció que el proyecto será presentado nuevamente en la próxima legislatura, mientras se adoptan medidas administrativas para enfrentar la crisis actual.

La decisión abre un nuevo capítulo en la transformación del sistema de salud colombiano, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la atención de millones de usuarios en medio de eventuales liquidaciones.

Por ahora, la falta de claridad sobre qué EPS serán intervenidas o liquidadas mantiene en vilo a millones de afiliados, en un contexto donde la estabilidad del sistema sigue siendo uno de los principales retos del país.