Condenan al Estado por muerte de detenido en El Dorado: familia será indemnizada tras fallas en custodia policial

La justicia colombiana ordenó indemnizar a la familia de Raúl Higuera Martínez, un joven que murió en 2021 dentro de una estación policial del aeropuerto El Dorado de Bogotá mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades. El fallo, conocido cinco años después de los hechos, concluyó que el Estado incurrió en una “falla en el servicio” al no garantizar su vida ni su integridad durante la detención.

El caso se remonta al 11 de abril de 2021, cuando Higuera Martínez, de 29 años, fue capturado en el aeropuerto por presunto tráfico de drogas con destino a México. Tras su detención, fue trasladado a una dependencia policial dentro de la terminal aérea. Allí, en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas, perdió la vida tras recibir un impacto de bala.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el detenido habría tenido acceso a un arma de dotación oficial que, según la investigación judicial, no estaba debidamente custodiada. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el joven tomó el arma y amenazó a los uniformados, lo que provocó una reacción por parte de la Policía.

Sin embargo, la causa exacta de su muerte sigue sin determinarse. Existen versiones que apuntan a un posible suicidio, mientras que otras sugieren que un agente pudo haber accionado el arma. El dictamen de Medicina Legal estableció que el disparo se produjo a una distancia de entre cinco y treinta centímetros, pero no permitió esclarecer de manera concluyente lo ocurrido.

A pesar de esta incertidumbre, el fallo judicial fue contundente al señalar que la responsabilidad del Estado no depende de establecer si se trató de un homicidio o un suicidio. Para el juez, lo determinante es que Higuera Martínez se encontraba bajo custodia estatal en el momento de su muerte, lo que obligaba a las autoridades a garantizar plenamente su seguridad.

“El hecho de que una persona privada de la libertad acceda a un arma de fuego dentro de una instalación policial constituye una violación grave de los protocolos de seguridad”, señala la decisión. En ese sentido, se concluyó que tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional incumplieron su deber de protección.

El abogado de la familia, Fabián Villalobos, explicó que el fallo reconoce que hubo negligencia en el manejo de armas dentro de la estación policial. “No importa si fue un homicidio o un suicidio. Lo importante es que, estando bajo la custodia del Estado, se permitió una situación que terminó con la vida de un civil”, afirmó.

Además, el jurista subrayó que el proceso penal por narcotráfico contra Higuera Martínez fue archivado tras su muerte, tal como lo establece la legislación colombiana. Esto significa que nunca hubo un pronunciamiento definitivo sobre las acusaciones en su contra.

Otro de los aspectos que evidencia el caso es la demora en la administración de justicia. Durante cinco años, la familia enfrentó un proceso marcado por la falta de claridad sobre lo sucedido y la ausencia de avances significativos en la investigación penal relacionada con la muerte.

De hecho, según el abogado, el expediente que busca establecer responsabilidades individuales sigue abierto en la Fiscalía, sin que hasta ahora se haya determinado si hubo participación directa de algún uniformado en el fallecimiento.

El fallo también pone de relieve problemas estructurales en el manejo de personas detenidas en Colombia, especialmente en lo relacionado con la custodia y el control de armas dentro de instalaciones policiales. La sentencia recalca que el Estado tiene una obligación reforzada de protección sobre quienes se encuentran bajo su control, independientemente de los delitos que se les imputen.

En ese sentido, la decisión judicial se suma a otros pronunciamientos que han advertido sobre la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y supervisión en centros de detención, con el fin de evitar situaciones similares.

La indemnización ordenada busca reparar parcialmente a la familia de la víctima, que durante años ha reclamado justicia y claridad sobre lo ocurrido. No obstante, el caso deja abiertas preguntas clave sobre las circunstancias de la muerte y sobre la eficacia de los mecanismos institucionales para garantizar los derechos de las personas bajo custodia.

Mientras tanto, la decisión judicial establece un precedente importante al reafirmar que el Estado es responsable por la vida de quienes están bajo su vigilancia, incluso en escenarios donde las causas de la muerte no han sido plenamente esclarecidas.