La decisión amenaza con modificar de manera radical el mecanismo conocido como “adjustment of status” o ajuste de estatus, procedimiento que durante décadas permitió a millones de inmigrantes cambiar su visa temporal por una green card sin necesidad de abandonar Estados Unidos.
David Bier, experto migratorio del Cato Institute, advirtió que la medida rompe con la intención original del Congreso estadounidense cuando creó esta figura en 1952 y representa, en la práctica, una moratoria sobre uno de los principales caminos hacia la residencia legal permanente.
“El sistema pasó de abandonar silenciosamente la inmigración legal a prácticamente retirarse del procesamiento de solicitudes de residencia permanente”, señaló Bier en un informe publicado por el centro de estudios.
El memorando del USCIS sostiene que el ajuste de estatus dejaría de ser la regla y pasaría a convertirse en una excepción. Esto afectaría a miles de trabajadores especializados con visas H-1B y L-1, estudiantes extranjeros, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, beneficiarios de peticiones familiares e incluso menores de edad que llevan años esperando una residencia mientras viven legalmente en Estados Unidos.
Según datos citados por el analista, desde 1980 aproximadamente el 56 % de los inmigrantes legales obtuvieron la residencia permanente mediante ajuste de estatus dentro del país. Sin embargo, la administración Trump considera ahora que permitir ese cambio contradice la naturaleza de las visas temporales.
Bier rechaza esa interpretación y recuerda que el Congreso creó precisamente este mecanismo para evitar procesos “ilógicos y costosos” que obligaban a las personas a salir de Estados Unidos solo para regresar poco tiempo después con una visa de residencia.
El impacto podría ser enorme. Actualmente existe un atraso cercano a 1,2 millones de solicitudes de residencia permanente pendientes dentro de Estados Unidos. Bajo la nueva política, gran parte de esas personas tendría que abandonar el país y acudir a consulados estadounidenses en el exterior para continuar el trámite.
La situación podría afectar especialmente a miles de colombianos. De acuerdo con estadísticas del DHS, entre 18.000 y 25.000 ciudadanos colombianos obtienen anualmente la residencia permanente en EE. UU., muchos de ellos mediante ajuste de estatus.
El cambio también podría generar graves consecuencias legales y económicas. Expertos advierten que algunos solicitantes podrían quedar inhabilitados para regresar a Estados Unidos debido a las prohibiciones migratorias conocidas como castigos de tres y diez años. Otros podrían perder sus empleos y, con ello, el patrocinio migratorio necesario para mantener vigente su solicitud de residencia.
Además, la medida podría saturar aún más los consulados estadounidenses en el extranjero y aumentar los tiempos de espera para miles de familias.
Otro punto crítico es que las decisiones tomadas en consulados estadounidenses suelen ser prácticamente inapelables debido a la doctrina jurídica conocida como “consular nonreviewability”, que limita la revisión judicial de las negativas de visa.
Para Bier, el cambio no solo afectará a inmigrantes y familias, sino también a la economía estadounidense. “La política es ilógica y perjudicará a trabajadores, empleadores y familias. Hará que personas talentosas se marchen a otros países y convertirá a Estados Unidos en un lugar menos competitivo para hacer negocios”, concluyó.
Expertos consideran que la medida terminará siendo objeto de múltiples demandas judiciales, argumentando que el Gobierno está reinterpretando de manera arbitraria un mecanismo migratorio que históricamente buscó evitar expulsiones innecesarias y proteger la estabilidad de familias y empleadores dentro de Estados Unidos.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 Comentarios