El análisis, realizado con la participación de más de 200 organizaciones de distintas regiones y tamaños, muestra que el alza del mínimo generó incertidumbre en el tejido empresarial. Más del 50 % de las compañías aún no ha definido si mantendrá o modificará sus esquemas salariales, lo que evidencia que la adaptación a la nueva realidad económica sigue en proceso.
En el segmento de alta gerencia, el 26 % de las empresas que aplican el modelo de salario integral planea migrarlo a salario nominal, mientras que el 18 % prevé conservar el esquema actual. En gerencia media, el 39 % realizaría el cambio a salario ordinario y solo el 7 % lo mantendría. Por su parte, en cargos de gerencia general, el 25 % de las organizaciones consultadas aseguró que continuará con el régimen integral.
Más allá de la estructura salarial, el estudio identificó otras medidas adoptadas para enfrentar el impacto del aumento del SMLV. El 32 % de las compañías implementó recortes de gastos y políticas de austeridad, mientras que el 24 % apostó por la automatización de procesos mediante herramientas de inteligencia artificial. Asimismo, algunas organizaciones han decidido limitar incrementos salariales a quienes devengan el mínimo, ajustar estructuras internas de remuneración, renegociar tarifas con proveedores o trasladar parte del impacto a los precios finales de bienes y servicios.
Frente a este panorama, Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, señaló que el aumento tuvo efectos directos en la planeación financiera empresarial. “El incremento desmedido del salario mínimo decretado por el Gobierno ha impactado las finanzas de las empresas, llevándolas a crear estrategias para mitigar su impacto. Con este análisis evidenciamos que los esquemas salariales, la empleabilidad y, en algunos casos, el precio final para consumidores o usuarios, son los más afectados”, afirmó.
A pesar de las dificultades, el informe también indica que el 82,4 % de las empresas planea incrementar salarios en 2026, el 14,8 % aún no toma una decisión y el 2,9 % ya determinó que no realizará ajustes. En términos de cronograma, el 47,1 % efectuó los cambios en enero, el 22,8 % los hará en febrero, el 15 % en marzo y el 9,2 % en abril, en un proceso gradual de adaptación.
En cuanto a la magnitud de los incrementos, el personal base será el más beneficiado, con un aumento promedio del 13,3 %, cifra que supera en más de cinco puntos porcentuales la proyección existente antes de conocerse el alza del SMLV. Para el personal técnico se estima un incremento del 8,2 %, para profesionales del 6,9 %, para gerencia media del 6,4 % y para alta gerencia del 6,3 %, apenas por encima de la expectativa del 6 % proyectada en diciembre de 2025.
Ramírez advirtió que estos porcentajes reflejan la brecha entre la política salarial oficial y la capacidad real del mercado laboral. “Aunque el Gobierno haya decidido incrementar el salario mínimo en un 23 %, el mercado laboral no tiene la capacidad financiera de aumentar los salarios a ese nivel”, explicó.
De cara a 2026, las empresas identifican como uno de sus principales desafíos mantener la competitividad salarial y evitar que cargos técnicos queden por debajo de los sueldos base, un fenómeno que podría afectar la retención de talento y la estructura interna de remuneraciones. El estudio concluye que el aumento del salario mínimo no solo impacta a quienes lo devengan, sino que obliga a reconfigurar el equilibrio salarial en toda la organización, marcando una transformación que apenas comienza a consolidarse.
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