Petro decreta nueva emergencia económica por lluvias y abre debate por costos de la reconstrucción

El presidente Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica, social y ambiental para atender la crisis climática y humanitaria provocada por el frente frío que afecta a Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira. La decisión, anunciada en medio del agravamiento de las lluvias y sus impactos, constituye la tercera vez que el mandatario recurre a esta figura y la cuarta ocasión en la que invoca un estado de excepción contemplado en la Constitución para enfrentar situaciones extraordinarias.

Aunque las afectaciones más graves se concentran en Córdoba, el Ejecutivo reportó daños en los ocho departamentos incluidos en la declaratoria. Las autoridades alertaron que las precipitaciones han superado los niveles proyectados históricamente para esta época del año, provocando inundaciones, afectaciones a cultivos, pérdida de infraestructura y desplazamientos temporales de comunidades.

Con esta medida, el Gobierno busca recaudar —a través de nuevos impuestos— cerca de 8 billones de pesos destinados a la recuperación de las zonas impactadas por el invierno atípico. Sin embargo, el monto ha generado controversia desde distintos sectores económicos y académicos. Inicialmente, el presidente había mencionado una necesidad de 16 billones de pesos en el marco de otra emergencia económica decretada el 22 de diciembre, medida que la Corte Constitucional suspendió de forma provisional mientras estudia su legalidad.

Las dudas sobre los cálculos no tardaron en aparecer. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó la precisión de la cifra y pidió mayor transparencia sobre su origen. “¿De dónde sacan que se necesitan 8 billones de pesos? Es clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa”, afirmó.

En una línea similar, Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que el monto despierta interrogantes. En entrevista con EL TIEMPO, explicó que resulta llamativo que la cifra corresponda a la mitad de lo proyectado en la ley de financiamiento y advirtió que anunciar recursos sin bases claras puede resultar prematuro.

La magnitud del desastre provocado por las lluvias está fuera de discusión, pero la respuesta política ha encendido polémicas adicionales. El presidente Petro ha intentado atribuir responsabilidades a sectores de oposición, vinculando la crisis con decisiones relacionadas con los niveles de la represa de Urrá. Además, el Ejecutivo descartó la alternativa propuesta por gobernadores de utilizar cerca de 6,5 billones de pesos en regalías congeladas, insistiendo en la necesidad de financiar la recuperación mediante la declaratoria excepcional.

Desde el Gobierno, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó que los 8 billones de pesos corresponden a una estimación para la fase de recuperación basada en antecedentes históricos y evaluaciones preliminares de daños. Aclaró que la fase de atención inmediata está cubierta con recursos vigentes para 2026, que ascienden a 190.000 millones de pesos, destinados a asistencia humanitaria, alojamientos temporales y operaciones de rescate.

No obstante, sus declaraciones dejaron en evidencia una problemática estructural. Líderes comunitarios de zonas ribereñas de Córdoba señalaron que el país reacciona ante la tragedia, pero invierte poco en prevención y planificación. Para ellos, la crisis actual no solo es climática, sino también fiscal y estructural, en un contexto en el que las lluvias continúan y las hectáreas afectadas siguen aumentando.

Carrillo también advirtió que la reconstrucción implicará costos elevados. La rehabilitación de cerca de 4.000 viviendas, unos 200 colegios, además de vías y sistemas de acueducto, demandará inversiones billonarias. Este panorama llevó al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, tras una sesión de casi nueve horas, a recomendar al presidente la declaratoria de emergencia.

Desde el Ministerio de Agricultura se estiman costos cercanos a los 700.000 millones de pesos para atender los impactos en el sector rural. Según la ministra Marta Carvajalino, el censo preliminar registra 27.075 predios afectados, más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados —de los cuales 3.166 murieron— y 30.113 hectáreas de cultivos dañadas, incluyendo plátano, arroz, maíz, algodón, yuca y cacao. Solo el drenaje de suelos requeriría cerca de 139.590 millones de pesos, a los que se suman 81.000 millones para la recuperación de cultivos.

El sector vivienda enfrenta una carga aún mayor. La ministra Helga Rivas calculó que la reconstrucción implicaría unos 5,8 billones de pesos, siendo el componente más costoso el de agua potable y saneamiento básico, con aproximadamente 4,4 billones.

Mientras el país enfrenta lluvias persistentes y daños crecientes, el debate se centra en la viabilidad financiera y política de la reconstrucción. Más allá de la respuesta inmediata, la emergencia ha reabierto una discusión sobre la capacidad del Estado para anticiparse a los desastres y financiar soluciones sostenibles. En ese contexto, la declaratoria no solo busca recursos urgentes, sino que expone un desafío mayor: cómo gestionar riesgos climáticos cada vez más frecuentes en un escenario fiscal limitado.