Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, informó en su
cuenta de X que las cuatro personas que salieron de prisión fueron detenidas
“arbitrariamente por motivos políticos”. Los nombres de quienes recuperaron su
libertad son Belises Cubillán Fuenmayor, Ramón de Jesús Centeno Navas, Víctor
Ugas Azócar y Carlos Marcano Mogollón.
Con estas nuevas liberaciones, Foro Penal ha confirmado la
excarcelación de 56 presos políticos hasta el momento, aunque esta cifra
difiere de los datos oficiales ofrecidos por el gobierno venezolano.
Discrepancias en las cifras oficiales
El proceso de excarcelación fue anunciado hace casi una
semana por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana,
quien aseguró que se pondría en libertad a “un número importante” de presos
políticos como parte de gestos hacia la convivencia y la paz nacional. Sin
embargo, las cifras ofrecidas por diferentes fuentes han generado confusión y
críticas.
Por un lado, el Ministerio del Servicio Penitenciario
informó que a la fecha se han concedido clemencias a 116 personas, sin detallar
cuántas de estas corresponden específicamente a presos políticos. Por otro
lado, organizaciones como Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática
sostienen que el número verificado de liberaciones es considerablemente menor.
Además, el propio gobierno de Venezuela ha afirmado en
sesiones oficiales que más de 400 presos han sido liberados en el marco de este
proceso, aunque no ha proporcionado listas oficiales ni especificado los
criterios utilizados para clasificar a los excarcelados.
Reacciones de familias y sociedad civil
Ante las discrepancias en los datos y la falta de
publicaciones oficiales con los nombres de quienes han salido de prisión,
familiares de detenidos, dirigentes de la oposición y organizaciones de
derechos humanos han expresado su preocupación. Exigen mayor transparencia, la
publicación de listas verificables y garantías de que las liberaciones
continúen hasta que todos los presos políticos recuperen su libertad plena.
La ausencia de información clara ha generado una mezcla de
sentimientos en la comunidad venezolana, tanto dentro como fuera del país. Para
muchos, cada excarcelación representa un alivio y una oportunidad de
reunificación familiar, pero también una frustración ante la lentitud del
proceso y la percepción de que las liberaciones son insuficientes frente al
elevado número de detenidos por motivos políticos.
Contexto del proceso de excarcelaciones
Las liberaciones se están produciendo en un contexto
político complejo en Venezuela, marcado por tensión interna y presiones
externas. Según reportes internacionales, tras la captura de Nicolás Maduro por
fuerzas estadounidenses a inicios de enero, las autoridades venezolanas
comenzaron a flexibilizar ciertas políticas, entre ellas la excarcelación de
presos políticos como parte de una estrategia para “buscar paz” y mostrar
señales de apertura política.
Sin embargo, grupos de derechos humanos han señalado que,
pese a estas liberaciones, centenares de personas aún siguen detenidas por
causas que consideran arbitrarias o motivadas políticamente, y que muchos de
los excarcelados continúan bajo medidas cautelares o restricciones que limitan
su libertad real.
Un balance parcial y críticas persistentes
Para Foro Penal, la confirmación de 56 liberaciones
—incluyendo las últimas cuatro— es solo una fracción del total de personas que
consideran injustamente encarceladas por motivos políticos en Venezuela. Estas
organizaciones estiman que más de 800 personas continúan privadas de libertad
bajo esta categorización, una cifra que pone en perspectiva el alcance —y las
limitaciones— del proceso actual de excarcelaciones.
Aunque las liberaciones generan esperanza entre familiares
y activistas, también hay desconfianza y presión social para que el gobierno
proporcione datos claros, acelere las liberaciones y garantice que quienes han
sido excarcelados puedan reintegrarse plenamente a la vida civil sin temor a
represalias.
En resumen, la salida de prisión de cuatro nuevos presos
políticos en Venezuela representa un avance para quienes defienden los derechos
humanos, pero el proceso en su conjunto continúa siendo objeto de debate, con
un marcado contraste entre las cifras oficiales y las verificadas por
organizaciones independientes.

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