Estados Unidos pausará los trámites de visa para Colombia y otros 74 países a partir de la próxima semana

El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió pausar de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, como parte de una nueva ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para endurecer los controles migratorios. La medida comenzará a regir el próximo 21 de enero y se enmarca en una interpretación más estricta de la cláusula de “carga pública”, que busca bloquear el ingreso de personas consideradas con riesgo de depender de la asistencia estatal.

La información fue revelada por la cadena Fox News, que tuvo acceso a un memorando interno del Departamento de Estado enviado a consulados estadounidenses en todo el mundo. En el documento, se instruye a los funcionarios consulares a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los procedimientos de selección y verificación de los solicitantes.

Según el memorando, el objetivo oficial es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente puedan convertirse en una carga para el sistema de bienestar social de Estados Unidos. Durante el período de revisión, las excepciones a la suspensión serán “muy limitadas” y solo se concederán a quienes superen una evaluación rigurosa vinculada a la condición de carga pública.

La lista de países afectados incluye a varias naciones de América Latina y el Caribe, así como a Estados de África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este. Entre los países del continente americano se encuentran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Fuera de la región, la medida alcanza a países como Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Somalia, Yemen, Pakistán, Sudán, Siria y Tailandia, entre otros. En total, son 75 las naciones cuyos ciudadanos enfrentarán la suspensión del trámite de visas de inmigrante.

La decisión se apoya en una aplicación más dura de la cláusula de “carga pública”, una disposición de la ley migratoria estadounidense que existe desde hace décadas y que permite negar la entrada o la residencia a personas que puedan depender de ayudas estatales. Un cable enviado en noviembre de 2025 a los consulados ya había anticipado este giro, al ordenar evaluaciones más severas basadas en factores como la edad, el estado de salud, el dominio del inglés, la situación financiera, los antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.

De acuerdo con Fox News, el nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores, a solicitantes con problemas de salud como obesidad, así como a quienes hayan recibido ayudas económicas del Estado en el pasado o hayan sido hospitalizados por períodos prolongados. Estas evaluaciones, señalan fuentes citadas por la cadena, buscan reducir el riesgo de que nuevos inmigrantes recurran a programas públicos una vez instalados en el país.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado citado por Fox News. “La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar”, agregó.

El endurecimiento de los controles se produce en un contexto de refuerzo general de la política migratoria durante el segundo mandato de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ha revocado más de 100.000 visas, una cifra récord según datos oficiales, y ha ampliado los mecanismos de control, incluyendo la revisión de publicaciones en redes sociales de los solicitantes como parte del proceso de verificación.

La cláusula de “carga pública” ha sido objeto de controversia en los últimos años. Durante su primer mandato, en 2019, Trump amplió de manera significativa su alcance para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, una medida que enfrentó demandas judiciales y fue parcialmente bloqueada por los tribunales. Posteriormente, la administración de Joe Biden revirtió esa interpretación y, en 2022, limitó el criterio principalmente a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como cupones de alimentos, Medicaid o asistencia para vivienda.

Con esta nueva pausa en el procesamiento de visas, la administración Trump vuelve a una lectura más restrictiva de la norma, enviando una señal clara de que la inmigración será uno de los ejes centrales de su agenda en este nuevo período presidencial. La decisión ya genera preocupación entre comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y gobiernos de los países afectados, que advierten sobre el impacto humanitario y diplomático de la medida.