En Colombia, retiran demanda contra el salario mínimo de 2026, pese a su admisión en el Consejo de Estado

El abogado Germán Eduardo Castro Marín decidió retirar la demanda de nulidad que había interpuesto contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026, aun cuando el proceso ya había sido admitido por el Consejo de Estado. La determinación, anunciada públicamente el 14 de enero de 2026, no obedeció a un cambio en sus argumentos jurídicos, sino a una serie de amenazas directas y mensajes de odio que, según afirmó, pusieron en riesgo la seguridad de su familia.

La demanda cuestionaba la legalidad del Decreto 1469 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, que estableció un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026. Tras conocerse la decisión del abogado de apartarse del proceso, el mandatario celebró la continuidad del decreto y destacó que se trata de una prueba de la “seriedad” de la política económica del Gobierno.

Castro aclaró en su comunicado que la acción de nulidad no respondía a intereses políticos ni personales. Según explicó, fue el resultado de un análisis técnico y jurídico de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente sobre la fijación del salario mínimo en Colombia. En ese sentido, insistió en que su actuación se ajustó estrictamente al ejercicio profesional del derecho.

“Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”, señaló en el texto dirigido a la opinión pública. También recalcó que el estudio que dio origen a la demanda fue “juicioso, técnico y riguroso”, y que nunca tuvo como propósito afectar el bienestar de los trabajadores colombianos.

No obstante, el abogado lamentó que el ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia se viera opacado por una ola de intolerancia. Tras la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado, el caso tomó una amplia visibilidad mediática y generó reacciones intensas en redes sociales y otros escenarios públicos. De acuerdo con Castro, estas reacciones derivaron en amenazas y mensajes de odio que superaron el debate jurídico y lo llevaron a priorizar la seguridad de su entorno familiar.

“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar”, afirmó. En el mismo documento hizo un llamado a la sociedad para respetar el papel del litigante en un Estado de derecho y advirtió que “atacar al litigante por ejercer la ley es atacar la democracia misma”. Asimismo, pidió respeto por su privacidad y la de su familia, subrayando que su retiro del proceso no implica una renuncia a los principios jurídicos que motivaron la acción.

El proceso ante el Consejo de Estado se centraba en la metodología utilizada por el Ejecutivo para definir el incremento del salario mínimo. En la demanda, Castro alegaba una falsa motivación y una posible desviación de poder, al considerar que el Gobierno no habría sustentado suficientemente el aumento con base en los parámetros establecidos por la legislación colombiana.

Uno de los principales cuestionamientos era el uso de estimaciones técnicas externas, en particular una brecha salarial calculada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como fundamento central del aumento. Según el escrito, el Ejecutivo habría adoptado una política de ajuste salarial basada en esas estimaciones, justificando un incremento “muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana”.

La demanda también señalaba que, a diferencia de años anteriores, no se habría respetado plenamente el proceso de concertación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores para definir el incremento anual del salario mínimo. En ese sentido, sostenía que el decreto no determinó el aumento del 23 % a partir de variables como la inflación, la meta oficial de inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto, tal como lo exige la normativa vigente.

La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado abrió la posibilidad de una suspensión provisional de los efectos del decreto, un escenario que habría tenido importantes repercusiones económicas y sociales. Sin embargo, con el retiro del demandante, corresponde ahora al magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves formalizar la terminación del trámite.

Castro aseguró que se aparta del proceso con la tranquilidad de haber actuado conforme a derecho. “Me retiro con la satisfacción profesional de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró mérito jurídico en mis argumentos al admitir la demanda”, indicó.

El Decreto 1469 de 2025, que permanece vigente, fue defendido por el presidente Petro como una medida necesaria para corregir una “inequidad salarial histórica” en el país. Durante la alocución oficial en la que explicó el aumento, el mandatario hizo énfasis en la brecha salarial señalada por la OIT y no centró su argumentación en los indicadores económicos tradicionales, como inflación y productividad, lo que dio origen a la controversia jurídica que ahora queda cerrada por razones ajenas al fondo del debate.