*El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante el Congreso un proyecto con el que busca recaudar 1,4 % del PIB a través de impuestos a personas, empresas y consumo. Aunque el Gobierno insiste en que no tocará a la clase media, expertos advierten que sí impactará a trabajadores y consumidores.
El Gobierno nacional de Colombia dio el primer paso para intentar cubrir el déficit fiscal que arrastra el Presupuesto General de la Nación de 2026. Con un hueco estimado en 26,3 billones de pesos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó este lunes ante el Congreso una nueva reforma tributaria, la tercera presentada durante la administración de Gustavo Petro.
“De los 556,9 billones del presupuesto, necesitamos 26,3 billones de pesos. No solo pretendemos cubrir las necesidades fiscales del 2026, sino garantizar una estabilidad fiscal en el mediano plazo. Esperamos que haya un debate serio y responsable, en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores”, señaló el jefe de la cartera económica en su intervención en el Capitolio.
La propuesta, que enfrenta un ambiente político difícil en las bancadas legislativas, apunta a recaudar un 1,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) mediante ajustes en impuestos de renta, patrimonio, consumo, IVA, carbono y tributos especiales a sectores empresariales. En la práctica, los cambios significan que consumidores de alcohol, cigarrillos, usuarios de plataformas de apuestas en línea, compradores de vehículos híbridos y quienes accedan a cirugías estéticas deberán asumir mayores cargas fiscales.
Antecedentes: dos intentos fallidos y una reforma aprobada
La iniciativa se convierte en la tercera presentada por el Gobierno Petro. En 2022, el entonces ministro de Hacienda José Antonio Ocampo logró la aprobación de una reforma que aportó 20 billones de pesos adicionales a las arcas públicas. Un año más tarde, en 2023, el ministro Ricardo Bonilla intentó sacar adelante otro proyecto para recaudar 12 billones, pero este naufragó en medio de la falta de consensos políticos y el creciente desgaste del Ejecutivo en el Congreso.
Ahora, con la presión del presupuesto de 2026 y la necesidad de mantener la senda de estabilidad fiscal, el ministro Ávila intenta sacar adelante una propuesta más ambiciosa, aunque consciente de la dificultad que representa en un año marcado por la tensión política y el escepticismo de varios sectores.
¿A quién afectará la reforma?
Aunque el ministro Ávila ha reiterado en varias ocasiones que los nuevos impuestos no golpearán a la clase media, diversas voces aseguran que los cambios tendrán efectos directos en trabajadores y consumidores.
El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, es uno de los críticos más severos del proyecto. “Por donde se mire es una mala reforma, inoportuna e innecesaria”, sostuvo, al advertir que los ajustes en IVA, consumo y renta afectan a una porción significativa de la población.
En el mismo sentido, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, explicó que el impacto no será menor: “A una persona con ingresos mensuales por 6'683.000 pesos le suben la tarifa del impuesto de renta al 29 por ciento y si gana más puede llegar a tener una tarifa del 41 por ciento”.
Cambios en el impuesto de renta y patrimonio
Uno de los puntos centrales de la reforma está en la modificación del impuesto de renta para personas naturales. El proyecto eleva la tarifa marginal máxima hasta el 41 por ciento para quienes tengan ingresos superiores a 31.000 UVT (alrededor de 1.543 millones de pesos anuales).
Además, se eleva al 30 por ciento la tarifa de las ganancias ocasionales derivadas de rifas, loterías, apuestas y similares. En paralelo, la tasa de dividendos al exterior pasaría del 20 al 30 por ciento.
En cuanto al impuesto al patrimonio, la iniciativa plantea reducir el umbral de entrada de 72.000 UVT (3.600 millones de pesos) a 40.000 UVT (2.000 millones de pesos). Con esta medida, se espera que alrededor de 105.332 contribuyentes ingresen al pago, lo que representa un 1,7 por ciento de todos los declarantes del impuesto sobre la renta.
IVA y consumo: los grandes focos de recaudo
El capítulo del IVA y el consumo es uno de los más sensibles y, a la vez, uno de los que más ingresos le representaría al Estado. Según el Gobierno, buena parte del gasto tributario en este impuesto —cerca de 88 billones de pesos al año— se deriva de exenciones y tratamientos especiales que no siempre se justifican.
Juegos de suerte y azar
El proyecto establece que los juegos de azar en línea, que ya pagaron IVA transitoriamente en 2024 bajo el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, quedarán gravados con una tarifa del 19 por ciento a partir de 2026.
Si bien el Gobierno asegura que este sector ha mostrado un crecimiento sostenido, Fecoljuegos advierte que los ingresos reales han caído un 32 por ciento desde que se aplicó el tributo.
Vehículos híbridos
Los vehículos híbridos, que actualmente cuentan con una tarifa preferencial de IVA del 5 por ciento, pasarán a pagar el 19 por ciento. Para el Ejecutivo, el beneficio es regresivo porque son los hogares de mayores ingresos los que acceden a estos vehículos. Según la Dian, el ajuste podría sumar 146.000 millones de pesos adicionales en 2026.
Alcohol y tabaco
El Gobierno también busca rediseñar la estructura tributaria sobre bebidas alcohólicas y productos de tabaco. En el caso del alcohol, se propone unificar el impuesto al consumo y elevar la carga: IVA del 5 % al 19 % en aguardiente, ron, whisky, brandi, vodka, vinos y sidras.
Impuesto al consumo con tarifa ad valorem del 30 por ciento.
Tarifa específica de 1.000 pesos por grado alcohólico por litro, ajustada anualmente con el IPC + 4.
En el tabaco, se mantendría un impuesto ad valorem del 10 % para cigarrillos, pero se eleva el específico de 4.068 a 11.200 pesos por cajetilla de 20 unidades. En vapeadores, se plantea un gravamen de 2.000 pesos por mililitro y un ad valorem del 30 %.
El Gobierno estima que estas medidas elevarán el precio de los cigarrillos en un 57,7 por ciento y el de los vapeadores en un 57,2 por ciento, con el doble objetivo de desincentivar el consumo y aumentar el recaudo.
Turismo, cirugías y servicios digitales
La reforma elimina la exención de IVA para los servicios turísticos a no residentes, que hasta ahora se consideraban un incentivo para atraer visitantes internacionales.
Asimismo, los servicios de software y procesamiento en la nube, que hoy están excluidos, pasarán a pagar el 19 por ciento. Lo mismo ocurrirá con las cirugías estéticas, un mercado en crecimiento en el país.
Combustibles y carbono
Uno de los capítulos más polémicos es el relacionado con los combustibles líquidos. La reforma propone que desde enero de 2026 se cobre un IVA del 10 por ciento sobre la gasolina motor corriente y el ACPM, para llegar gradualmente a la tarifa general del 19 por ciento (ACPM lo haría en 2028).
El margen minorista también quedará gravado con IVA desde enero de 2026. Según cálculos del Ministerio, esto podría traducirse en un alza de 466 pesos en el precio final de la gasolina y 256 pesos en el ACPM.
En paralelo, se plantea un aumento del impuesto al carbono de 27.399 a 42.069 pesos por tonelada de CO2eq, con el fin de equilibrar objetivos ambientales y fiscales.
Empresas: banca, minería y servicios públicos
El proyecto también incluye medidas específicas para empresas y sectores estratégicos:
Sobretasa de 15 puntos a instituciones financieras, que llevaría su tarifa total al 50 por ciento.
Igualar la sobretasa del carbón con la del petróleo, con 15 puntos adicionales cuando el precio supere el percentil 65 histórico.
Impuesto especial del 1 por ciento a la primera venta o exportación de petróleo y carbón, aunque excluye a productores con ventas menores a 50.000 UVT (2.500 millones de pesos).
Contribución adicional de hasta 0,5 por ciento de los gastos de funcionamiento de empresas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos al Fondo Empresarial.
Un panorama político difícil
A pesar de la amplitud de medidas, el proyecto llega a un Congreso dividido y con bajo margen de maniobra para el Ejecutivo. Bancadas opositoras y sectores independientes ya han manifestado su resistencia, mientras que incluso aliados del Gobierno han expresado reservas.
El exministro Restrepo sintetizó el sentimiento de muchos sectores al advertir que “esta es una reforma inoportuna e innecesaria”, sobre todo en un contexto económico donde los hogares enfrentan inflación persistente y tasas de interés altas.
No obstante, el ministro Ávila insiste en que la iniciativa es necesaria para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y evitar riesgos de mayor endeudamiento o pérdida de confianza de los mercados internacionales.
Lo que viene
El trámite legislativo iniciará en las próximas semanas en las comisiones económicas del Congreso. El Gobierno espera que el proyecto pueda ser aprobado antes de finalizar el año para que las nuevas medidas entren en vigencia en 2026.
De lograrse, el Ejecutivo dispondría de una inyección cercana a 26,3 billones de pesos, con la que espera no solo tapar el hueco fiscal, sino también afianzar el financiamiento de programas sociales y proyectos de inversión.
Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el camino no será fácil: una sola reforma ha logrado aprobación en tres intentos durante este gobierno. El desenlace dependerá de la capacidad del ministro Ávila y del propio presidente Petro para tejer consensos en un Congreso que luce cada vez más escéptico frente a las iniciativas tributarias.
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