En medio de la creciente controversia por el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para exponer los argumentos que, a su juicio, sustentan la decisión de Daniel Ortega de concederle asilo político en Nicaragua. La medida, que generó una inmediata reacción del Gobierno colombiano, reavivó las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Managua.
Petro identificó dos razones centrales que habrían llevado a Ortega a ofrecer protección a González: primero, el distanciamiento político e ideológico que mantiene desde hace varios años con el mandatario colombiano, y segundo, la trayectoria del exfuncionario como combatiente internacionalista del Movimiento 19 de Abril (M19) en el conflicto nicaragüense durante la revolución contra la dictadura de Anastasio Somoza.
“Se debe a dos razones poderosas. Que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Y 2. porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”, escribió el jefe de Estado en la red social.
El trasfondo histórico
Carlos Ramón González, figura cercana a Petro y antiguo directivo del Dapre, militó en el M19, organización guerrillera desmovilizada en Colombia a comienzos de los años noventa. En su etapa de combatiente, González participó activamente en la revolución nicaragüense, donde varios de los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con rangos militares.
Estos antecedentes, resaltados por el propio presidente, han sido determinantes en la manera como las autoridades de Nicaragua han interpretado el perfil político e ideológico de González, una valoración que terminó influyendo en la decisión de otorgarle asilo político pese a los cargos que enfrenta en Colombia.
La reacción oficial del Gobierno colombiano
El anuncio de Ortega fue respondido de inmediato por las autoridades colombianas. En un comunicado conjunto, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia expresaron su desacuerdo con la determinación del gobierno nicaragüense.
El pronunciamiento señaló que González Merchán es requerido por la justicia colombiana por delitos comunes asociados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). “Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a personas que tengan justificación para solicitarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales el país hace parte”, advirtió el comunicado, pero enfatizó que este derecho “no podrá ser invocado por personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes”.
Acusaciones y solicitud de extradición
González enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. Tras confirmarse su residencia en Nicaragua, las autoridades judiciales colombianas presentaron formalmente una solicitud de extradición a través de la embajada en Managua.
La petición, sustentada en pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación, fue rechazada por el gobierno nicaragüense. Managua argumentó que la protección otorgada a González responde a la defensa de los derechos humanos y al principio de no devolución en casos de persecución política. Ortega sostuvo que bajo ninguna circunstancia será entregado a un país donde se perciban riesgos para su integridad derivados de razones ideológicas u opiniones políticas.
Tensión por compromisos internacionales
El comunicado colombiano también recordó que la negativa de Nicaragua contraviene el Tratado de Extradición de 1929, que compromete a ambos países a entregar personas procesadas o condenadas por la justicia. En ese sentido, Bogotá insistió en la reconsideración de la medida y en la necesidad de que González responda ante los tribunales nacionales.
Las autoridades colombianas han reiterado que el proceso contra el exfuncionario sigue vigente, que la información del caso ha sido compartida con instancias internacionales y que se mantendrán activos todos los mecanismos diplomáticos y legales para insistir en su comparecencia judicial.
Investigaciones en curso
Paralelamente, la justicia colombiana adelanta indagaciones para establecer si existieron complicidades que facilitaron la salida de González del país y los trámites posteriores para fijar su residencia en Nicaragua. Testimonios de exfuncionarios procesados por el escándalo de la Ungrd señalan que González habría participado en reuniones en la Casa de Nariño, donde se discutieron contrataciones y la distribución de recursos hacia aliados políticos.
Estos elementos, que comprometen aún más su situación jurídica, han sido remitidos a las autoridades competentes con el fin de fortalecer el caso en los tribunales.
Un escenario abierto
El futuro judicial de Carlos Ramón González permanece incierto. Mientras Nicaragua mantiene su negativa a conceder la extradición, el Gobierno colombiano persiste en sus gestiones diplomáticas y judiciales. Entre tanto, el debate sobre la figura del asilo político y los límites que impone cuando se trata de delitos comunes cobra cada vez más relevancia en el escenario internacional.
Para Petro, la decisión de Ortega está marcada por un trasfondo histórico y político que lo enfrenta personalmente al mandatario nicaragüense. Para la justicia colombiana, se trata de un caso emblemático en la lucha contra la corrupción que no puede quedar en la impunidad.
La tensión entre ambos gobiernos continuará en tanto no haya una resolución definitiva sobre el destino de González, cuyo nombre se ha convertido en un símbolo de las complejas intersecciones entre política, historia y justicia en la región.
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