Este jueves 21 de agosto, Colombia se vio sacudida por dos ataques atribuidos a disidencias del antiguo grupo guerrillero FARC: primero, en Amalfi (Antioquia), un helicóptero policial fue derribado mediante un dron explosivo, en momentos en que brindaba apoyo a labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, matando a 12 uniformados e hiriendo a cuatro
El Gobierno culpó al frente 36 del Estado Mayor Central
—una estructura disidente al mando del alias “Calarcá” (Óscar Javier Cuadros
Zea, alias “Chejo”)— de este ataque planificado
Horas más tarde, en Cali, dos carros bomba estallaron cerca
de la base aérea Marco Fidel Suárez, dejando entre seis y once muertos (según
distintas fuentes) y decenas de heridos —entre 50 y más de 60, según los
reportes.
Estas acciones marcan una escalada en las técnicas
violentas usadas por estas estructuras: la combinación de drones explosivos y
carros bomba es inédita en magnitud y sofisticación. El uso de drones en el
derribo en Antioquia no solo elevó el saldo trágico, sino también el simbolismo
del nuevo terrorismo armado en Colombia
El presidente Petro, quien había impulsado el diálogo con
diversos grupos armados desde su llegada al poder, reconoció que la política de
negociación ha fracasado con estas facciones. Desde Valledupar, anunció un
cambio radical en su discurso: ordenó que las disidencias que rechazaron el
diálogo sean consideradas “estructuras terroristas” vinculadas al narcotráfico,
perseguibles “en cualquier lugar del planeta, incluido Bogotá”. Además, solicitó
a la agencia de defensa jurídica que inicie un proceso ante el Estatuto de Roma
por posibles crímenes de lesa humanidad
Esto representa una ruptura simbólica y práctica con su
propuesta de “Paz Total”, que ya venía siendo cuestionada —especialmente tras
revelarse que “Calarcá” fue detenido en junio de 2024, pero liberado por hacer
parte del comité de negociación y protegido por la UNP.
Consecuencias inmediatas: fortalecimiento de la respuesta estatal
Como respuesta a los atentados, las autoridades activaron
medidas de seguridad excepcionales. En Cali, el alcalde decretó la
militarización de la ciudad y ofreció una recompensa millonaria
(aproximadamente 400 millones de pesos) por información que permitiera capturar
a los responsables
En Antioquia, fuerzas militares fueron movilizadas a la
zona de Amalfi para estabilizar el área y proceder a la evacuación de heridos y
cuerpos
Un punto de quiebre en la narrativa de paz de Petro
Los hechos del 21 de agosto obligaron al presidente Gustavo
Petro a reemplazar el enfoque conciliador por una estrategia de confrontación
clara: considerar a los grupos armados residuales como objetivos terroristas
globales, sujetos a persecución transnacional y sanciones penales conforme al
derecho internacional.
Este episodio es, sin duda, uno de los hitos más dramáticos del último año de su mandato; un año que cerrará con los sueños de la “Paz Total” tan distantes como nunca —y al precio de la sangre de múltiples uniformados y civiles inocentes.
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