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| Foto: Teleantioquia |
*Tras conocerse la decisión judicial, el abogado Rogelio Roldán Álvarez, experto penalista que ha seguido de cerca el proceso, advirtió que, pese al fallo condenatorio, Uribe Vélez aún goza de la presunción de inocencia, ya que la sentencia no está en firme.
En una decisión que sacudió el panorama político y judicial de Colombia, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El fallo, emitido tras una audiencia maratónica de casi 11 horas, marca un precedente histórico, al tratarse del primer exmandatario colombiano condenado en primera instancia por la justicia ordinaria.
Aunque fue absuelto de un tercer cargo, el de soborno simple, la decisión judicial ha generado un terremoto político, tanto por el simbolismo que representa como por las implicaciones legales que se avecinan. La sentencia, aún no ejecutoriada, mantiene abierta la posibilidad de apelaciones y recursos extraordinarios, lo que prolongará un proceso judicial que ya supera los 13 años.
Historia del caso
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al actual congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia halló méritos para investigar al propio Uribe, revirtiendo la situación original. Al renunciar a su curul en el Congreso, Uribe perdió su fuero constitucional y el caso pasó a manos de la justicia ordinaria, donde ha seguido su curso hasta hoy.
Durante la lectura del fallo, la jueza Heredia presentó más de mil páginas de soporte que sustentan la condena. En ellas, se documenta cómo el expresidente habría intentado manipular los testimonios de los ex paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, presuntamente a través de intermediarios como su abogado Diego Cadena, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, y Enrique Pardo Hasche.
La defensa reitera la presunción de inocencia
Tras conocerse la decisión judicial, el abogado Rogelio Roldán Álvarez, experto penalista que ha seguido de cerca el proceso, advirtió que, pese al fallo condenatorio, Uribe Vélez aún goza de la presunción de inocencia, ya que la sentencia no está en firme. “Esa presunción se mantiene hasta que se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios, incluyendo la segunda instancia y la eventual casación ante la Corte Suprema”, explicó el jurista.
La defensa del exmandatario presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Este tribunal evaluará la legalidad, coherencia y valor probatorio de la sentencia emitida por la jueza Heredia, con facultad para confirmarla, modificarla o revocarla. En caso de una confirmación del fallo, los abogados podrían acudir a la Corte Suprema en búsqueda de una revisión mediante recurso de casación.
En medio de la polémica, también se abre la puerta a medidas sustitutivas de la pena, como la prisión domiciliaria. Roldán Álvarez explicó que, dependiendo de la edad del expresidente y la naturaleza de los delitos, la defensa podría solicitar beneficios subrogados, de acuerdo con la normativa vigente.
“El proceso penal que enfrenta el expresidente se encuentra en una etapa crítica. La estrategia jurídica de la defensa será fundamental para determinar si la condena se mantiene o si se logra revertir en instancias superiores”, indicó el abogado consultado.
Otro de los temas que genera debate es el de la prescripción de la acción penal. De acuerdo con Roldán Álvarez, existe confusión en la opinión pública sobre este punto. “Se piensa erróneamente que la prescripción se interrumpe con el fallo de primera instancia. Pero el Código Procesal Penal establece que el término se interrumpe solo cuando hay una sentencia en segunda instancia dentro del plazo legal”, señaló.
Ese plazo vence el próximo 8 de octubre. Si para entonces no se ha dictado la segunda sentencia, la acción penal prescribiría, lo que dejaría sin efectos la condena. Esto no significaría una absolución judicial, sino una extinción de la acción penal por el paso del tiempo, algo que podría generar aún más controversia nacional.
Repercusiones políticas
Más allá del plano jurídico, el caso ha encendido el debate político. Uribe Vélez es el líder natural del partido Centro Democrático y uno de los principales opositores del presidente Gustavo Petro. Su condena, aunque no definitiva, tiene repercusiones en el escenario electoral y en la percepción pública de la justicia en Colombia.
En redes sociales y medios de comunicación, tanto detractores como simpatizantes del expresidente han reaccionado con intensidad. Mientras unos celebran el fallo como una muestra de independencia judicial, otros lo ven como una persecución política orquestada por sectores afines al actual Gobierno.
El camino legal que sigue
La Fiscalía General de la Nación también puede apelar la decisión en caso de que el Tribunal Superior absuelva a Uribe en segunda instancia. En ese caso, el ente acusador podría alegar errores de derecho, indebida valoración probatoria u omisiones relevantes en el fallo.
Mientras tanto, el país sigue expectante. ¿Se confirmará la sentencia? ¿Podrá la defensa revertir el fallo en segunda instancia? ¿Prescribirá la acción penal si no hay una decisión antes del 8 de octubre? Las respuestas a estas preguntas marcarán un antes y un después no solo en la carrera política de Uribe, sino también en la historia judicial del país.
La sentencia de la jueza Heredia, que aún no está en firme, representa un paso inédito en Colombia: el juicio penal de un expresidente. Y aunque el desenlace aún no está escrito, el caso ya ha dejado una huella profunda en la institucionalidad colombiana, poniendo a prueba la solidez de su sistema de justicia.
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