* El presidente Gustavo Petro plantea revisar concesiones a medios de comunicación, generando inquietudes sobre la libertad de prensa en Colombia.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro han reactivado el debate sobre el papel de los medios de comunicación en Colombia. En un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario sugirió que los medios televisivos y radiales, como concesionarios del espectro electromagnético, podrían enfrentar sanciones si incumplen con lo que él considera el deber constitucional de informar con veracidad.
Petro afirmó que “el espectro es de la nación” y que los contratos con los medios podrían ser revisados si se detectan violaciones al derecho ciudadano a la información. Aunque descartó el cierre de medios como medida directa, insistió en que “la justicia debe actuar” para proteger el acceso a información veraz.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y varios sectores de la prensa. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han expresado su preocupación por lo que consideran una narrativa oficial que estigmatiza el trabajo periodístico y podría derivar en restricciones a la libertad de expresión.
El jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, también ha sido protagonista de la controversia, al publicar mensajes que sugieren la necesidad de “controlar” a los medios que, según él, desinforman o atacan al Gobierno. Estas afirmaciones han sido interpretadas por analistas y opositores como señales de una posible deriva autoritaria.
Desde el Ejecutivo, se argumenta que el objetivo no es censurar, sino garantizar que los medios cumplan con su función social sin distorsionar la realidad. Petro ha vinculado la actuación de algunos medios con intereses económicos y ha señalado que la desinformación puede contribuir a la polarización y la violencia política.
El debate sobre el equilibrio entre regulación estatal y libertad de prensa sigue abierto. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de revisar el modelo de concesiones, otros advierten que cualquier intento de intervención podría sentar un precedente peligroso para la democracia.
Por ahora, la controversia continúa alimentando un clima de incertidumbre en el ecosistema mediático colombiano, donde el rol del periodismo independiente se vuelve cada vez más crucia.
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