El grupo empresarial Keralty, a través de su filial colombiana Queraltisas, confirmó haber realizado aportes por un total de 145 millones de pesos a siete partidos políticos en Colombia durante el periodo previo a las elecciones legislativas de 2022. La revelación, hecha por el representante legal de la compañía, Juan David Riveros, se dio en medio de una creciente controversia entre el conglomerado y el Gobierno nacional por la intervención de la EPS Sanitas.
Según Riveros, los aportes se realizaron dentro del marco legal vigente y están debidamente registrados en la contabilidad de la empresa y en los libros de los partidos receptores. Las colectividades beneficiadas fueron Cambio Radical y Centro Democrático (con $40 millones cada uno), Alianza Verde ($25 millones), Partido de la U ($15 millones), Partido Liberal ($10 millones), Alianza Social Independiente ($10 millones) y el movimiento Justo y Libre ($5 millones).
El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente estas donaciones durante una alocución reciente, señalando que “la Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros” y acusando a Keralty de haber violado esta norma. En respuesta, Riveros aclaró que Queraltisas es una empresa constituida y registrada en Colombia desde 1991, por lo que está habilitada legalmente para realizar contribuciones políticas. “Nada se ha hecho de manera oculta ni buscando favorecimientos”, afirmó.
La polémica se enmarca en un contexto de tensión entre el Gobierno y el grupo Keralty, especialmente tras la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. La compañía ha denunciado un deterioro en la prestación del servicio desde la intervención y ha presentado acciones legales contra el presidente Petro por injuria y calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Mientras el debate sobre la financiación política continúa, el Consejo Nacional Electoral ha archivado investigaciones previas al concluir que las empresas involucradas están domiciliadas en Colombia y no se configura una infracción por financiación extranjera. Sin embargo, el tema sigue generando expectativa sobre el papel de los aportes empresariales en el sistema político colombiano y su impacto en las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
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